Panamá deportó a 44 colombianos y 23 ecuatorianos

El Servicio Nacional de Migración reportó la salida de 67 ciudadanos colombianos y ecuatorianos en una sola jornada. Las medidas respondieron a casos que la institución relacionó con actividades lucrativas sin autorización y con delitos graves.

Entre las conductas señaladas aparece el préstamo informal conocido como “gota a gota”, detectado también en un procedimiento reciente en Coclé.

De las 67 personas, 44 son colombianas: 30 fueron deportadas y 14 expulsadas. Las otras 23 son ecuatorianas, aunque Migración no precisó cuántas fueron deportadas y cuántas expulsadas. Los colombianos representan cerca de dos tercios del grupo al que se aplicaron estas medidas de salida.

La institución mencionó entre las causas la actividad de préstamo ejercida sin el permiso correspondiente, así como casos vinculados con lesiones, homicidio y delitos relacionados con drogas.

También señaló la pertenencia a organizaciones criminales transnacionales. El comunicado agrupa situaciones de distinta naturaleza, pero no indica cuántas personas corresponden a cada conducta.

Uno de los casos mencionados está relacionado con alias “D-Max”, requerido por las autoridades colombianas. Migración indicó que este hombre había sido retenido previamente por sus unidades y entregado a las autoridades competentes. El reporte no ofrece detalles sobre la relación concreta de otro extranjero con él ni sobre el proceso judicial correspondiente.

El “gota a gota” consiste, generalmente, en ofrecer préstamos de entrega rápida con cobros frecuentes. Para quienes reciben el dinero, el riesgo aumenta cuando se imponen condiciones abusivas o se utilizan amenazas para cobrar.

En Coclé, unidades migratorias detectaron recientemente a una ciudadana colombiana que realizaba préstamos “gota a gota”. Según la institución, la actividad era incompatible con su estatus migratorio, por lo que fue trasladada al Centro de Detención Administrativa Migratorio Femenino. Migración no comunicó que ya hubiera sido deportada o expulsada.

La detección en Coclé ilustra cómo los controles también se realizan fuera de los aeropuertos y las fronteras. En el caso de la ciudadana colombiana, el dato comunicado es su traslado a un centro de detención. Su situación, por tanto, no equivale a una medida de salida ejecutada como las informadas para el grupo de 67 extranjeros.

Otro procedimiento tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico. Allí, un ciudadano colombiano fue identificado después de que apareciera una coincidencia en bases de datos vinculada con un grupo considerado terrorista. Las autoridades le negaron la entrada y lo retornaron a Colombia. El reporte no identifica al grupo ni atribuye al viajero un delito concreto.

Deportación y expulsión tienen causas y consecuencias distintas en la legislación panameña. La primera puede aplicarse, entre otros motivos, por ingreso o permanencia irregular y conlleva un impedimento de entrada de cinco a diez años.

La segunda contempla supuestos como representar una amenaza para la seguridad colectiva o el orden público, y prohíbe regresar al país.

Un reporte oficial con corte al 7 de septiembre de 2026 contabilizaba 3,562 extranjeros que habían salido del país mediante estas medidas: 2,816 deportados y 746 expulsados. Esa cifra corresponde a una fecha anterior a la jornada de las 67 salidas.