
La reforma eléctrica en Panamá propone, entre otras medidas, trasladar a las distribuidoras la responsabilidad de llevar el servicio a zonas que hoy no están atendidas.
La propuesta también reduce a 15 días el plazo para responder reclamos, amplía las causas para terminar contratos por incumplimientos reiterados y permite al regulador intervenir de forma temporal si la continuidad del servicio está en riesgo.
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El proyecto busca actualizar la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que regula la prestación del servicio público de electricidad en Panamá.
Las medidas fueron anunciadas por la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), Zelmar Rodríguez, en un conversatorio ante las comisiones de Asuntos Jurídicos y de Energía y Combustibles de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).
La revisión contempla cambios en los controles sobre las empresas, las futuras concesiones, la contratación de energía y los mecanismos de protección para los clientes.

Rodríguez explicó que la iniciativa plantea modificaciones en 19 artículos de la Ley 6, y también incorpora tres disposiciones nuevas y reforma dos artículos de la Ley 26 de 1996.
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Uno de los puntos centrales es el fortalecimiento de la capacidad de fiscalización de la Asep, por lo que la propuesta le daría más herramientas para exigir a las compañías el cumplimiento de las inversiones, el mantenimiento de las redes y la modernización tecnológica.
El texto también contempla sanciones económicas. Las cláusulas penales podrían alcanzar los $20 millones ante determinados incumplimientos.
La reforma prevé créditos en las facturas cuando existan deficiencias en el servicio. Además, incluye mecanismos para asegurar el resarcimiento de los clientes afectados.
Rodríguez sostuvo que el objetivo es reforzar la protección de los usuarios y las condiciones de competencia.

“La reforma al sector eléctrico responde al compromiso institucional de la Asep con la transparencia, la competencia y la protección del usuario”, afirmó.
La titular de la ASEP aclaró que el proyecto no altera el modelo eléctrico vigente. También señaló que la iniciativa no garantiza, por sí sola, una reducción de las tarifas.
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Las empresas deberán informar la capacidad de sus redes para nuevas conexiones.
La propuesta igualmente obliga a las empresas de distribución y transmisión a publicar en línea el estado de sus redes, información que deberá incluir la capacidad disponible para incorporar nuevas conexiones.
El proyecto incorpora restricciones más estrictas a la concentración del mercado, también suma disposiciones contra el uso de información privilegiada y las prácticas anticompetitivas.

La revisión de las reglas para comprar potencia y energía forma parte del plan. La propuesta busca que esos procesos tengan condiciones de contratación más competitivas y criterios de mayor transparencia.
El presidente de Apede, Alberto López Tom, afirmó que la actualización normativa debe ayudar a recuperar la confianza de los usuarios.
A la vez, planteó la necesidad de brindar previsibilidad a quienes realizan inversiones de largo plazo.
“Panamá necesita un sistema eléctrico confiable y competitivo que acompañe su crecimiento económico”, expresó López Tom durante el encuentro.
El dirigente indicó que el debate debe incorporar a los distintos actores del sector. Su planteamiento apunta a una discusión basada en criterios técnicos, que considere los derechos de los clientes, las facultades de control estatal y las condiciones para atraer capital.
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La presidenta de la Comisión de Energía y Combustibles de Apede, Lisette Benítez, explicó que buena parte de los cambios busca elevar la calidad de la prestación.
También señaló que el nuevo marco regulatorio debe preparar al país para las concesiones de distribución previstas para 2028.
El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Apede, Hernando Abraham Carrasquilla, destacó el nuevo rol previsto para las distribuidoras en la electrificación de las áreas sin cobertura. También remarcó que esas empresas volverían a gestionar las compras de potencia y energía.
La propuesta abre una discusión sobre las obligaciones empresariales y la intervención estatal en el sector. El resultado dependerá del tratamiento que reciba el proyecto y de los acuerdos que alcancen los participantes del sistema eléctrico panameño.
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