El fenómeno atmosférico de El Niño encuentra a un personal envejecido en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario

El fenómeno de El Niño ha agudizado la preocupación en el sector agropecuario de Panamá por la escasez de agua y las dificultades que enfrenta la producción rural.

Esta coyuntura se agrava ante la composición envejecida del personal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), donde el 60% está jubilado y algunos colaboradores superan los 80 años de edad.

El propio ministro del ramo, Roberto Linares, ha señalado que contar con funcionarios retirados implica un retraso operativo, ya que muchos deberían realizar tareas en campo y no permanecer en oficinas.

Actualmente, la institución suma 2.409 trabajadores, de los cuales 1.037 son agrónomos y 133 veterinarios.

Según Linares, existen empleados que perciben salarios entre $4.000 y $5.000, además de su pensión, y continúan bajo regímenes especiales.

Y es que este equipo de funcionarios son los llamados a trabajar en primera línea ante la crisis climática, que tiene efectos concretos, como prolongadas sequías, cambios en los patrones de lluvias y temperaturas en aumento.

Estos factores afectan directamente la producción agrícola y ganadera, exigiendo respuestas rápidas y coordinadas para proteger a los trabajadores rurales.

Según los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el fenómeno alcanzará mayor intensidad con déficit de lluvias durante octubre, noviembre y diciembre de 2026, así como en enero, febrero y marzo de 2027.

Sus efectos se extenderán hasta mayo de 2027 con altas temperaturas que podrían impactar a la población, el sector agropecuario y a los recursos hídricos del país.

Esta semana el Consejo de Gabinete declaró estado de emergencia nacional como consecuencia del comportamiento climático asociado al fenómeno de El Niño.

La medida, dijeron, busca adoptar acciones preventivas de mitigación y de respuesta inmediata para fortalecer la capacidad operativa de las instituciones públicas, salvaguardar la seguridad en caso de emergencias y brindar atención oportuna a los ciudadanos y sus bienes.

Panamá enfrenta en estos meses un riesgo elevado por la baja disponibilidad de agua en las principales cuencas y embalses, como el lago Bayano.

El déficit de precipitaciones podría impactar la generación de energía hidroeléctrica y comprometer el suministro para distintos usos, incluidas las actividades agrícolas y el tránsito de buques por el Canal de Panamá.

La administración nacional, en colaboración con el Ministerio de Ambiente, la ONU y el Green Climate Fund, lleva adelante el Taller de Validación de la Actualización del Plan Nacional de Cambio Climático para el Sector Agropecuario, cuyo objetivo es identificar y priorizar medidas para mitigar los riesgos asociados al fenómeno.

Para enfrentar los desafíos derivados del comportamiento climático, el Gobierno ha dispuesto un mecanismo de coordinación entre el Ministerio de la Presidencia, las entidades solicitantes y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Esto, aseguran, permite realizar contrataciones mediante procedimientos especiales bajo el estado de emergencia nacional.

La medida tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027, plazo durante el cual las instituciones podrán ejecutar acciones destinadas a mitigar los efectos de El Niño y asegurar la continuidad de los servicios afectados por la crisis hídrica.

Esta disposición incluye la vigilancia constante de los niveles de ríos, lagos y embalses, así como la disponibilidad de agua a lo largo de los próximos meses, aspectos críticos para el funcionamiento del país.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá Ingeniero Ovigildo Herrera Marcucci mantiene un monitoreo permanente sobre la evolución del fenómeno.

Según el organismo, “El Niño puede reducir la disponibilidad de agua y afectar los rendimientos de determinados productos agropecuarios”.

La vigilancia meteorológica y la publicación de pronósticos buscan guiar la toma de decisiones y anticipar los posibles impactos sobre el abastecimiento de agua, la agricultura, la ganadería y las comunidades más expuestas a la falta de lluvias.

Las autoridades trabajan bajo el supuesto de un escenario prolongado de sequía. La coordinación entre instituciones y el seguimiento técnico, alegan, busca sostener la estabilidad y la seguridad en el sector agropecuario y energético de Panamá ante los efectos del fenómeno climático.