El régimen de Irán ejecutó a más de 500 personas en lo que va de 2026

Irán ha ejecutado al menos a 511 personas en lo que va de 2026, según un recuento difundido este jueves por Iran Human Rights (IHR), una organización con sede en Noruega que desde hace años documenta la aplicación de la pena de muerte en el país. La cifra incluye al menos 29 personas condenadas por su participación en las protestas antigubernamentales de enero, 16 mujeres y 13 presos políticos vinculados a grupos de oposición prohibidos por el régimen. El anuncio se produce dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigiera públicamente el fin de las ejecuciones.

El director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, atribuyó el repunte de los ahorcamientos a un objetivo de disuasión interna. “Todas las ejecuciones, independientemente de los cargos, tienen un claro propósito interno: generar miedo y evitar nuevas protestas”, declaró a la agencia France-Presse. El activista advirtió además que la tendencia podría agravarse: “Nos preocupa que esta tendencia pueda empeorar en los próximos meses”.

Las ejecuciones de manifestantes comenzaron unas tres semanas después de que estallara la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero. Desde el 19 de marzo, día en que las autoridades ahorcaron a tres manifestantes en la ciudad de Qom, al menos 29 personas han sido ejecutadas por su participación en las protestas de enero, que se extendieron a más de 180 ciudades tras el desplome del rial iraní. En el mismo periodo, otras dos personas fueron ejecutadas por su vínculo con las protestas de 2022, desatadas por la muerte bajo custodia policial de la joven kurdoiraní Mahsa Amini.

El contexto bélico ha desviado la atención internacional de la situación de los derechos humanos en Irán. Amiry-Moghaddam sostuvo que, mientras la comunidad internacional se concentraba en la reapertura del estrecho de Ormuz y en el desarrollo del conflicto armado, las autoridades iraníes obtuvieron “un mayor margen para llevar a cabo ejecuciones de manifestantes, presos políticos y otras personas condenadas a muerte”. El dirigente calificó de positivas las declaraciones de Trump, al considerar que “una mayor atención aumenta el costo político para Irán”.

Trump había escrito el martes en su red Truth Social que Irán “asesina a manifestantes, incluso cuando no están manifestando, en una magnitud que no se había visto nunca”, y calificó la situación de “crisis humanitaria de proporciones épicas” que “debe detenerse, AHORA”. No es la primera vez que el mandatario interviene públicamente sobre este asunto: en enero había asegurado que Teherán había cancelado más de 800 ejecuciones programadas, una afirmación que el fiscal general iraní, Mohammad Movahedi, negó de forma tajante y calificó de “completamente falsa”.

Según IHR, cientos de manifestantes adicionales permanecen condenados a muerte o enfrentan cargos que podrían derivar en la pena capital, entre ellos más de 70 personas en la provincia de Isfahan, epicentro de las protestas de enero. Amnistía Internacional, por su parte, documentó al menos 2.159 ejecuciones en Irán durante 2025, un año que ya marcó un récord histórico en el uso de la pena de muerte en el país. Las autoridades, no obstante, parecen haber intensificado ahora específicamente las ejecuciones vinculadas a la disidencia política surgida durante la guerra.

La presión diplomática sobre Teherán se ha ampliado en las últimas semanas. Más de 30 países, entre ellos Francia, el Reino Unido y Canadá, condenaron este mes el uso de la pena capital por parte de Irán y denunciaron que el Gobierno ejecuta a manifestantes para “silenciar la disidencia”. Estados Unidos, donde la pena de muerte continúa vigente, no figuró entre los firmantes de esa carta conjunta.