Panamá registró 14,610 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil entre enero y julio de 2026, un incremento de 20,3% frente a las 12,143 contabilizadas durante el mismo periodo de 2025.
Las cifras preliminares del Ministerio Público muestran que la violencia doméstica continúa concentrando la mayor cantidad de procesos, seguida por el maltrato de niños, niñas y adolescentes.
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De las denuncias acumuladas hasta el 31 de julio, 10,749 correspondieron específicamente a violencia doméstica, equivalentes a cerca de tres de cada cuatro registros del informe. La cifra aumentó 18.9% frente a las 9,043 del mismo periodo de 2025, mientras que solo durante julio ingresaron 1,510 denuncias, después de las 1,532 reportadas en junio.
El artículo 200 del Código Penal panameño establece que quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente a otro integrante de la familia puede ser sancionado con prisión de cinco a ocho años, además de tratamiento terapéutico multidisciplinario, siempre que la conducta no constituya un delito castigado con una pena mayor. La normativa también contempla medidas de protección para las víctimas.
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El segundo grupo con mayor incidencia fue el maltrato de niños, niñas y adolescentes, con 2,569 denuncias, 16% más que las 2,209 registradas entre enero y julio de 2025.
De ese total, 2.452 correspondieron a maltrato al menor y 117 a maltrato culposo, modalidad que presentó un fuerte aumento de 134% respecto de los 50 casos del año anterior.
En julio se contabilizaron 426 denuncias vinculadas con maltrato de menores, la cifra mensual más elevada del periodo analizado.
El Código Penal sanciona el maltrato de una persona menor de edad con dos a cuatro años de prisión, mientras que determinadas relaciones entre el agresor y la víctima pueden elevar la pena de tres a seis años. Si ocurre por culpa o negligencia, la sanción oscila entre seis meses y dos años.Otro incremento relevante aparece en los delitos contra la familia, que pasaron de 346 denuncias en 2025 a 525 en 2026, un salto de 52%.
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La mayor parte correspondió al incumplimiento de deberes familiares: se contabilizaron 513 registros hasta julio, 53% más que los 335 del mismo periodo del año pasado.
Esta conducta incluye sustraerse, negarse, eludir, incumplir o abandonar sin justa causa la obligación alimentaria o los deberes vinculados con la patria potestad.
El artículo 211 establece penas de uno a tres años de prisión, arresto de fines de semana o trabajo comunitario; cuando el incumplimiento es parcial o temporal, la pena de prisión es de uno a dos años.
El informe también refleja un aumento significativo en las denuncias relacionadas con maltrato al adulto mayor, que alcanzaron 761 casos, frente a 536 durante los primeros siete meses de 2025, lo que supone un incremento de 42%. Dentro de esta categoría, 718 registros correspondieron al artículo 212-A y otros 43 al artículo 212-B.
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La legislación establece para el maltrato de un adulto mayor penas de tres a cinco años de prisión, que aumentan de cuatro a seis años cuando el responsable es, entre otros, un familiar, cónyuge o persona encargada de su atención.
El Código Penal considera maltrato el daño físico, mental o emocional, la negligencia, mala alimentación o privación de atención médica, entre otras conductas.
La distribución territorial muestra una marcada concentración de las denuncias. Panamá encabezó el registro con 4,006 casos, seguida por Panamá Oeste con 3.425, Chiriquí con 1,893, Coclé con 1,003, Colón con 931 y Veraguas con 919. San Miguelito acumuló 666 denuncias, mientras Bocas del Toro registró 475, Herrera 467 y Los Santos 302.
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Sin embargo, el mayor crecimiento interanual entre provincias se produjo en Panamá Oeste, donde las denuncias aumentaron 51%, al pasar de 2,274 a 3,425. También crecieron San Miguelito, 29%; Veraguas, 27%; Los Santos, 26%; Colón, 22%; Herrera, 21%; y Chiriquí y Darién, ambos con incrementos de 15%.
Entre las comarcas, Guna Yala registró un incremento porcentual de 120%, aunque pasó de cinco a 11 denuncias, mientras Ngäbe Buglé aumentó 38%, de 199 a 274. En contraste, la comarca Emberá disminuyó 30%, de 23 a 16, y Bocas del Toro bajó 4%, de 496 a 475 registros.
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Por distrito judicial, el primero concentró 9.277 de las 14.610 denuncias registradas en el país, incluyendo 6.859 por violencia doméstica y 1,666 por maltrato de menores. El tercer distrito acumuló 2.642 registros; el segundo, 1.922; y el cuarto, 769.
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