El congelamiento de los trámites de todos los créditos fiscales bajo sospecha fue ordenado por las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.
La medida surge en medio de una investigación sobre un esquema de creación de créditos fiscales presuntamente fraudulentos dentro del sistema E-Tax, utilizado por la Dirección General de Ingresos (DGI) para la administración tributaria digital del país.
El sistema E-Tax 2.0 es la principal plataforma digital de administración tributaria en Panamá y permite a contribuyentes realizar declaraciones, pagos, solicitudes de créditos fiscales y otros trámites en línea.
El caso ha escalado con el paso de los años debido a la magnitud de los montos investigados. Aunque inicialmente las autoridades hablaban de perjuicios cercanos a los $934 mil, auditorías posteriores y nuevas líneas de investigación elevaron considerablemente las cifras.
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Documentos y auditorías internas de la DGI citados dentro de las investigaciones apuntan a que el fraude pudo haber provocado pérdidas de entre $40 millones y $80 millones al Tesoro Nacional.
Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, indicó además que también se ordenó la separación “con efecto inmediato” de todos los funcionarios vinculados a las irregularidades que se dieron en la citada entidad estatal.
Detalló que la medida de congelar los trámites afecta a todos los créditos fiscales bajo sospecha, al tiempo que solicitó al contralor general una auditoría exhaustiva para identificar las fisuras en los controles internos y aclarar responsabilidades.
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Desde la semana pasada hay 19 personas detenidas por este entramado delictivo.
El sistema E-Tax 2.0 funciona como la principal plataforma digital para la administración tributaria panameña, permitiendo a los contribuyentes realizar declaraciones, pagos y solicitudes en línea.
Sin embargo, de acuerdo con la Procuraduría y el Ministerio Público, algunas resoluciones generadas dentro de la plataforma validaron créditos fiscales que luego fueron cedidos irregularmente a empresas privadas.
El mecanismo descrito por las autoridades consistía en la creación de resoluciones falsas que generaban créditos fiscales ficticios, sin respaldo comercial real.
Estos créditos eran transferidos a empresas intermediarias y posteriormente a otras compañías o aseguradoras, que recibían beneficios fiscales y pagos derivados de operaciones aparentemente válidas.
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Las investigaciones han puesto el foco en la participación de exfuncionarios y personal activo de la DGI, quienes contaban con acceso privilegiado y conocimiento detallado de los procedimientos internos.
“Este esquema comenzó hace muchos años, captó funcionarios, burló los controles del sistema que heredamos, pero no importa cuándo empezó, nos tocó a nosotros enfrentarlo y lo estamos resolviendo”, puntualizó Chapman.
El Ministerio Público sostuvo que existen suficientes elementos que demuestran la existencia de un entramado para mover pagos y créditos entre contribuyentes sin la debida autorización.
Entre los hallazgos figura que varias empresas recibieron beneficios fiscales millonarios sin cumplir con los requisitos legales.
Chapman subrayó que las investigaciones avanzan “con transparencia y respeto al debido proceso” y advirtió que los responsables enfrentarán las consecuencias legales.
La suspensión de los trámites de créditos fiscales en Panamá se dictó como reacción a la detección de un esquema fraudulento en el sistema E-Tax, que implicó la generación y cesión irregular de créditos por parte de funcionarios y empresas privadas, derivando en pérdidas millonarias para el Estado.
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El caso pone en evidencia las vulnerabilidades de los mecanismos de control en plataformas digitales estatales, así como la necesidad de fortalecer las auditorías y la supervisión de los procesos internos. Mientras continúan las pesquisas, la atención pública se centra en los resultados de la auditoría integral y en las acciones que permitan evitar nuevos fraudes.
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