El Gobierno de Guatemala reorienta la estrategia de seguridad tras violento fin de semana con 24 homicidios

Guatemala reorientará su estrategia de seguridad tras los hechos violentos del fin de semana, el sábado registro 24 homicidios, la cifra diaria más alta de 2026, y después de tres masacres en Villa Canales, San José Acatempa y San Benito, Petén.

Un repunte que llevó al Ministerio de Gobernación a revisar sus operativos con el Ejército, impulsar una reforma legal sobre portación ilegal de armas y acelerar acciones dentro de las cárceles, así como la investigación de un grupo de limpieza social.

El anuncio se hizo este lunes 27 de julio en la primera conferencia mensual del Ministerio de Gobernación con la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario.

El ministro Marco Antonio Villeda Sandoval informó además que entre enero y julio las fuerzas de seguridad impactaron a 53 estructuras criminales, realizaron 522 allanamientos y capturaron a 292 personas.

Ese mismo balance incluyó otro dato que marcó el contexto del mensaje oficial: 20 agentes de la PNC murieron en cumplimiento del deber durante el año.

El caso más reciente fue el del agente Byron Aníbal Mejía Montenegro, fallecido la noche del domingo 26 de julio en Amatitlán cuando respondió junto a un compañero a un llamado de auxilio y ambos fueron recibidos a balazos.

El repunte del sábado obligó a revisar los despliegues conjuntos

Villeda Sandoval sostuvo que los repuntes de violencia detectados en días específicos de mayo y junio ya habían activado alertas, pero que lo ocurrido el sábado obliga a un ajuste inmediato.

“Hace que replanteemos la estrategia de seguridad, que analicemos los operativos que estamos realizando con el ejército para que los focalicemos en ciertas áreas donde se está generando esta violencia”, dijo.

El ministro anunció una reunión ese mismo día con el ministro de Defensa para reforzar los operativos conjuntos. También descartó cambios en la cúpula policial y atribuyó parte del problema al desplazamiento de la violencia hacia zonas con menor presencia de agentes por efecto de los planes Centinela Escuintla y Centinela Metropolitano.

El funcionario añadió que una parte de los homicidios ocurre dentro de viviendas, donde la policía no puede entrar sin orden judicial o flagrancia. Esa limitación, explicó, reduce la capacidad de prevenir ataques cuando los hechos se producen en espacios privados.

Los tres episodios más graves del sábado concentraron 14 muertes. En la zona 2 de Boca del Monte, en Villa Canales, sicarios irrumpieron en una vivienda durante una celebración y mataron a siete personas; además dejaron dos heridos.

En San José Acatempa, Jutiapa, tres personas aparecieron muertas en un camino vecinal. Las autoridades analizan si el crimen fue una represalia vinculada con un atentado previo contra una llantera en ese departamento.

En San Benito, Petén, cuatro personas fueron asesinadas en una residencia. “La línea de investigación nos lleva a que esto es producto de una limpieza social asociada a un grupo que se está dedicando a este tipo de actividades”, afirmó Villeda Sandoval.

El ministro aseguró que ese grupo ya fue identificado y que la investigación avanza con el Ministerio Público. La PNC agregó que su Departamento de Ciberdelitos analiza publicaciones atribuidas a una página de redes sociales llamada “La Red”, antes conocida como “Limpieza Humana Petén”, a la que medios locales señalaron como autora de mensajes en los que se adjudicó la masacre.

Las cárceles quedaron en el centro de la respuesta oficial

La semana anterior a la conferencia estuvo atravesada por intervenciones en tres prisiones. El jueves 24 de julio, fuerzas del Sistema Penitenciario, la PNC y el Ejército realizaron una requisa en el Centro de Detención de Puerto Barrios, Izabal, donde decomisaron 60 teléfonos celulares, 50 libras de marihuana, 50 libras de cocaína, televisores, aires acondicionados y otros electrodomésticos.

Durante ese operativo también demolieron construcciones no autorizadas y trasladaron a 34 reos. Según la información de la Dirección de Inteligencia Civil y la División Especializada en Investigación Criminal, esos presos dirigían desde la cárcel redes de narcomenudeo, sicariato y trata de personas con alcance hasta la zona 18 de la capital.

El desmantelamiento de ese liderazgo desencadenó una revuelta entre grupos que disputaban el control del penal. Murieron tres reclusos, algunos de ellos calcinados, y varios más resultaron heridos.

Villeda Sandoval describió el efecto inmediato del traslado con una frase que resumió la crisis interna: “Prácticamente el centro penitenciario quedó acéfalo y a partir de ahí hubo una trifulca entre reos para tratar de tomar nuevamente el control”.

Las autoridades regresaron el sábado 25 y efectuaron nuevos traslados. El recuento oficial del director del Sistema Penitenciario Jorge Guillermo López elevó el total a 56 trasladados desde Puerto Barrios, incluidas cinco mujeres convivientes de líderes reclusos; el texto inicial del ministerio había informado de 34 traslados el jueves y otros 20 el sábado.

En paralelo hubo operativos en Renovación I y El Boquerón. López sostuvo que el objetivo es recuperar el control del territorio penitenciario, aislar a cabecillas y cortar comunicaciones ilícitas; en su gestión, afirmó, se han incautado cerca de 2.000 teléfonos celulares en centros de detención.