El juez anticorrupción Román Castro rechazó el pedido de prescripción presentado por el expresidente de Bolivia, Luis Arce, quien permanece detenido preventivamente desde diciembre de 2025 por supuesta corrupción vinculada a su gestión como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales entre 2006 y 2019.
La negativa del tribunal obligó a Arce a continuar bajo detención preventiva mientras avanzó la investigación por presuntos delitos económicos. La causa se inició tras denuncias sobre el manejo de fondos estatales y el expediente mantuvo en discusión el período de prescripción, el cálculo del supuesto daño económico y el alcance de las responsabilidades administrativas y penales.
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“Nosotros tomamos esta decisión como una vulneración a las leyes, a la Constitución, a los preceptos instaurados en el bloque de convencionalidad y como una afrenta contra los derechos humanos”, señaló el jurista.
Durante la audiencia, celebrada el viernes, la defensa de Arce intentó convencer al juzgado de que la acción penal debía considerarse prescrita. Sostuvo que el hecho investigado ocurrió en 2009 y que ya transcurrieron más de 16 años, por encima del plazo legal de ocho años.
El abogado Fernando Rivadeneyra, representante del exmandatario, calificó la resolución como un “fallo prevaricador” y sostuvo que el magistrado asumió funciones de fiscal al determinar un supuesto daño económico superior a 330 millones de bolivianos (equivalentes entonces a 54,1 millones de dólares), cifra que, según la defensa, no correspondió a la realidad de la causa.
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El equipo legal de Luis Arce insistió en que la acusación por “incumplimiento de deberes” y “conducta antieconómica” careció de fundamentos sólidos. Según la defensa, la transferencia de fondos a dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas respondió al cumplimiento de una ley aprobada por el Parlamento y de la normativa de funcionamiento del fondo estatal.
En sus declaraciones, Rivadeneyra señaló que el juez no valoró los argumentos de la defensa ni consideró que el monto observado oficialmente nunca superó los 7 millones de bolivianos (alrededor de 1 millón de dólares).
“El juez no ha valorado estos aspectos y, en detrimento de los derechos de Luis Arce, determinó que se tiene que investigar sobre montos que no están directamente individualizados”, denunció Rivadeneyra.
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El proceso judicial examinó si el exministro autorizó la transferencia de recursos públicos a cuentas privadas de líderes sociales para financiar proyectos que no se ejecutaron o solo se realizaron parcialmente, como figura en los expedientes oficiales.
Durante el último año, la defensa del exgobernante presentó reiteradas solicitudes para obtener su libertad, todas rechazadas por el tribunal. En junio, la Justicia amplió por cinco meses más la detención preventiva de Arce, quien deberá permanecer recluido hasta noviembre, a la espera de una resolución definitiva sobre su situación procesal.
El entorno del exmandatario consideró este proceso una vulneración a los derechos humanos y una afrenta a los principios constitucionales, e interpretó la decisión como una señal de persecución judicial.
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(Con información de EFE)
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