El Partido Popular de las Cucarachas exigió la liberación de los detenidos en las protestas y amenazó con nuevas manifestaciones

El Partido Popular de las Cucarachas, el movimiento juvenil indio que forzó la renuncia del ministro de Educación tras semanas de protestas, exigió este lunes la liberación inmediata de todos los manifestantes detenidos y la retirada de los cargos en su contra. En paralelo, activistas presentaron ante la justicia una demanda para declarar inconstitucional el uso de vigilancia con inteligencia artificial contra los manifestantes.

“Exigimos que todas las personas detenidas sean liberadas de inmediato, en cualquier caso antes de mañana, y que se retiren todos los cargos”, declaró en X el portavoz del partido Saurav Das. “Nuestra decisión de suspender las protestas se tomó únicamente sobre la base de las promesas del gobierno”, añadió.

La movilización, considerada la mayor protesta juvenil en India en décadas, se desencadenó tras las irregularidades masivas que empañaron en mayo el examen nacional de acceso a la carrera de medicina, al que se presentaron más de dos millones de candidatos. Según medios locales, la anulación de la prueba habría provocado el suicidio de una veintena de estudiantes.

Tras semanas de movilizaciones y una manifestación duramente reprimida por la policía en Nueva Delhi, los manifestantes lograron el sábado la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, su principal exigencia, y decidieron suspender el movimiento. El desenlace fue interpretado ampliamente como un revés político para el primer ministro Narendra Modi, en el poder desde 2014 y con reputación de dirigente inflexible.

Bajo presión, Modi anunció el domingo una reforma profunda del sistema de exámenes con el objetivo de hacerlo más “fiable” y “transparente”. El Consejo de Ministros aprobó además un proyecto legislativo para endurecer las sanciones contra quienes cometan fraude en las pruebas. A sus reivindicaciones en favor de una reforma educativa, los jóvenes sumaron preocupaciones por el desempleo y críticas a la deriva autoritaria del gobierno.

La activista estudiantil Aishe Ghosh presentó ante el Tribunal Superior de Delhi una demanda para declarar inconstitucional la vigilancia masiva de manifestantes y ordenar la destrucción de todos los datos personales recopilados durante las concentraciones, según informó Reuters. Ghosh solicitó además que se establezcan directrices sobre el uso de tecnología de vigilancia en protestas, y mantiene el caso abierto pese a la suspensión del movimiento.

La controversia estalló cuando manifestantes publicaron en redes sociales imágenes de una furgoneta policial equipada con cámaras sobre un mástil telescópico que ofrecía una visión de 360 grados. El vehículo, identificado con el escudo de la Policía de Delhi y la marca “Ikshana” —término hindi que significa “visión”—, contaba con cámaras con inteligencia artificial avanzada, según una publicación de 2023 de su empresa proveedora, la compañía india de videovigilancia CP Plus, retirada del sitio web el fin de semana.

Cuando un periodista de Reuters pasó frente a la furgoneta la semana pasada, una pantalla en su interior mostró su rostro enmarcado en un recuadro verde junto a una métrica de coincidencia facial. Poco después, un agente cerró la ventanilla. “Los equipos aquí nos ayudan a identificar a quienes tienen antecedentes penales y los resalta”, declaró a Reuters el agente Raj Kumar Dahiya. “La IA también nos ayuda a contar el número de manifestantes”.

India carece de una ley que regule el uso de tecnología de reconocimiento facial por parte de la policía, y activistas sostienen que la vigilancia desplegada en Nueva Delhi constituyó una violación de la ley. El gobierno defiende que los controles fueron legales y respondieron al interés público para garantizar el orden.

Durante una audiencia el viernes, el Procurador General Adjunto Tushar Mehta calificó de “irónicas” las alegaciones de privacidad en una reunión pública y sostuvo que los controles eran “absolutamente necesarios” y respondían a “un interés legítimo del Estado”. En una audiencia breve celebrada este lunes, los jueces escucharon los argumentos de Ghosh sobre la desproporción de la vigilancia masiva; el tribunal retomará el asunto el martes.

La Internet Freedom Foundation, grupo de defensa digital con sede en Nueva Delhi, escribió el 24 de julio al comisionado de la Policía de Delhi exigiendo la eliminación de los datos biométricos recopilados en el lugar de la protesta. La Policía de Delhi no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters, aunque publicó en X el domingo que no había “restringido la libertad de nadie mediante el uso de tecnología de reconocimiento facial”.

También se observó a agentes anotando los nombres de usuario de Instagram de los manifestantes a su llegada. El inspector Sunil Kumar declaró a Reuters que los controles tenían por objeto garantizar que ninguna persona con antecedentes penales accediera a la concentración.

Akash Karmakar, socio de derecho tecnológico del bufete indio Panag & Babu, reclamó proporcionalidad en el uso de estas herramientas: “La rendición de cuentas debe fluir en ambas direcciones”, y señaló que si el reconocimiento facial se empleó para rastrear a manifestantes, debería aplicarse igualmente para identificar a los agentes que actuaron sin placa identificativa durante la represión.

(Con información de Reuters y AFP)