Actualizan evaluación de los estudios de impacto ambiental en la industria de la construcción panameña

Panamá comienza a divulgar el proceso de evaluación de impacto ambiental ante consultores, auditores ambientales y promotores de proyectos miembros de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

El nuevo decreto actualiza procedimientos, incorpora herramientas digitales, integra un enfoque más amplio para la gestión ambiental, promueve transparencia, participación ciudadana y brinda mayor seguridad jurídica durante el desarrollo de proyectos.

Para el sector construcción resulta fundamental conocer de primera mano el alcance de esta normativa, toda vez que contar con procedimientos claros y criterios técnicos definidos aporta mayor previsibilidad al desarrollo de los proyectos y facilita la planificación, señaló Irene de Simone, presidenta CAPAC.

La nueva gestión ambiental surge en momentos en que el valor de las construcciones, adiciones y reparaciones particulares registradas en los principales municipios del país alcanzó $417.2 millones entre enero y abril de 2026, lo que representa un crecimiento de 43.5% frente a los $290.8 millones reportados en igual período de 2025.

El PIB real de la construcción llegó a $13,229.2 millones en 2025, registran las estadísticas oficiales, superando los niveles prepandemia. Sin embargo, el ritmo de crecimiento comenzó a perder fuerza: después de expandirse 19.3% en 2023, el sector desaceleró a 4.6% en 2024 y a 2.7% en 2025, reflejando un menor dinamismo y una capacidad más limitada de impulsar al resto de la economía.

La construcción pasó de representar 19.2% del PIB en 2018 a 15.6% en 2025, evidenciando una pérdida de peso relativo dentro de la economía panameña.

A esto se suma una señal especialmente sensible para el mercado laboral: mientras la actividad económica del sector logró recuperarse, el empleo no siguió la misma trayectoria.

Entre 2018 y 2025, la cantidad de ocupados en construcción cayó de 189,839 a 152,543 personas, una reducción acumulada de 37,296 empleos, equivalente a -19.6%, sostiene un informe de la Asociación Panamá de Ejecutivos de Empresa.

Ahora, entre los principales aspectos incorporados esta nueva normativa figura plataformas digitales para la gestión de trámites ambientales, mecanismos orientados a ampliar transparencia y participación ciudadana, una definición más precisa de las responsabilidades de los consultores ambientales inscritos en el registro correspondiente y mejoras en los procesos administrativos para mantener actualizada dicha información.

Durante la apertura del encuentro informativo, la secretaria general de Ambiente, María del Carmen Silvera, expresó que “este diálogo es importante porque aborda un tema que ocupa un lugar central en la relación entre desarrollo, inversión, seguridad jurídica, participación ciudadana y protección del ambiente. Precisamente, ese es el propósito de este decreto: contar con un sistema de evaluación ambiental más claro, moderno y eficiente, acorde con las necesidades del país”.

Silvera añadió que “Panamá necesita continuar impulsando inversiones, generando empleo y desarrollando infraestructura. Ese crecimiento debe realizarse de manera ordenada, responsable y sostenible. Desarrollo económico y protección del ambiente deben caminar de forma complementaria, con reglas claras y procesos transparentes”.

La funcionaria señaló que “valoramos la participación del sector construcción, consultores ambientales, equipos técnicos, promotores de proyectos y profesionales vinculados con la gestión ambiental. Su experiencia contribuye al desarrollo de procesos con rigor técnico y transparencia. Esta normativa busca elevar la calidad de las evaluaciones, mejorar estándares técnicos, brindar mayor certeza a inversionistas y generar confianza en las comunidades”.

Entre los principales aspectos incorporados esta nueva normativa figura plataformas digitales para la gestión de trámites ambientales, mecanismos orientados a ampliar transparencia y participación ciudadana, una definición más precisa de las responsabilidades de los consultores ambientales inscritos en el registro correspondiente y mejoras en los procesos administrativos para mantener actualizada dicha información.

La divulgación del Decreto Ejecutivo No.4 forma parte, según se dijo, de las acciones que se desarrollan para impulsar su implementación, optimizar los procesos de evaluación de impacto ambiental y brindar mayor certeza técnica y jurídica a los distintos actores vinculados con el desarrollo de proyectos.