
157.000 personas de la Mancomunidad Trinacional Frontera Río Lempa, en El Salvador, Guatemala y Honduras, podrían enfrentar crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda entre julio y octubre de 2026, según un análisis de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases. El deterioro coincide con el periodo de hambre estacional y con la presencia de El Niño.
El Informe de Análisis de la Inseguridad Alimentaria Aguda de la CIF, en la Región Trinacional reporta que entre abril y junio de 2026, 113.000 personas ya se encuentran en crisis alimentaria o peor. De ellas, 105.000 afrontan condiciones de crisis y cerca de 8.000 están en emergencia, con necesidad de acciones urgentes para proteger sus medios de vida y el acceso a alimentos.
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Para noviembre de 2026 a marzo de 2027, el análisis proyecta una mejora relativa: 86.000 personas quedarían en crisis o emergencia alimentaria por el inicio de las cosechas de maíz y frijol, aunque los precios de los alimentos y los factores climáticos seguirán afectando la seguridad alimentaria.

Proyecciones y zonas más afectadas
De julio a octubre de 2026, se estima que 23% de la población analizada, alrededor de 157.000 personas, estará en crisis o emergencia alimentaria. De ese total, 146.000 vivirán en situación de crisis y 11.000 en emergencia.
La microregión Chortí, que incluye territorios de Guatemala y Honduras, concentra la mayor severidad. Entre abril y junio, 25% de su población está en Fase 3 o superior; entre julio y octubre, la proporción subiría a 35%. Guija, Ocotepeque y Cayaquanca también presentarían incrementos en la proporción de población afectada.
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Factores que agravan la inseguridad alimentaria
El agotamiento de las reservas de granos básicos, el aumento de los precios de alimentos, combustibles y fertilizantes, junto con la reducción de la demanda de mano de obra agrícola, limitan el acceso de los hogares rurales a una alimentación adecuada. El 56% de los hogares depende de la compra de alimentos y la mayoría ya agotó sus reservas para mitad de 2026.
La inflación en el sector alimentario ha duplicado los precios en los últimos años, mientras el conflicto en Medio Oriente ha incrementado los costos de insumos y transporte. Eso reduce la capacidad de compra de las familias y limita la siembra.
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El fenómeno El Niño tiene una probabilidad superior al 90% de ocurrencia hasta febrero de 2027 y amenaza con prolongar la sequía y reducir el rendimiento de los cultivos. Las lluvias intensas y la variabilidad climática también pueden causar pérdidas en cosechas, especialmente en el Corredor Seco Centroamericano, que abarca la región analizada.
Estrategias de afrontamiento y vulnerabilidad
La población más afectada recurre a estrategias de crisis, como reducir el número de comidas diarias, vender activos productivos o pedir alimentos prestados. Cerca del 16% de los hogares consume cuatro o menos grupos de alimentos y 6% presenta dietas extremadamente limitadas.
Ocotepeque y Chortí son las regiones donde se observa mayor uso de estrategias de emergencia. La desnutrición aguda infantil se mantiene por debajo del 5%, aunque la tendencia es al alza en la microregión Chortí, donde se vincula con la inseguridad alimentaria y la insuficiente cobertura de programas de protección.
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Evolución desde 2021 y medidas planteadas
El análisis comparativo muestra que la región ha registrado un aumento de la inseguridad alimentaria desde 2021, agravado por los efectos de la pandemia, los eventos climáticos extremos y la inflación. Aunque 2023 mostró una mejora, para 2026 persisten las condiciones de vulnerabilidad.

El informe recomienda la activación inmediata de respuestas de protección social, la focalización de la ayuda en los municipios más afectados y la inclusión de grupos vulnerables en proyectos de reactivación económica. También plantea monitorear los precios de los alimentos, la variabilidad climática, el estado de los cultivos y la provisión de asistencia alimentaria.
Entre los riesgos a monitorear figuran los precios de alimentos, insumos agrícolas y transporte; los periodos de sequía y eventos climáticos extremos; los niveles de estrés hídrico y la salud de los cultivos; y la entrega efectiva de asistencia alimentaria.
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