La titular de la Secretaría de Educación, Arely Argueta, afirmó que hasta el momento no se han recibido denuncias de extorsión contra docentes, escuelas o colegios del sistema público de Honduras.
No obstante, reconoció que los reportes surgidos en instituciones privadas también generan preocupación para las autoridades educativas.
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“En el sistema público no hemos tenido denuncias de extorsión para docentes; sin embargo, los casos en el sector privado también nos preocupan, porque nuestro deber es velar por todos los maestros a nivel nacional”, expresó la funcionaria.
Las declaraciones de Argueta se produjeron luego de que la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (Fenieph) denunciara que algunos colegios han cerrado sus puertas o cambiado de ubicación debido a amenazas y cobros ilegales atribuidos a estructuras criminales.
Educación coordina patrullajes preventivos
Ante el contexto de inseguridad, la ministra informó que la Secretaría de Educación mantiene coordinación con la Secretaría de Seguridad para reforzar los patrullajes policiales en los alrededores de escuelas y colegios.
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Argueta pidió a padres de familia, estudiantes y docentes no alarmarse al observar presencia policial cerca de los centros educativos, ya que se trata de medidas preventivas orientadas a fortalecer la seguridad en las comunidades escolares.
También subrayó que la denuncia ciudadana es clave para atender cualquier situación irregular, incluyendo casos de narcomenudeo o amenazas contra miembros de la comunidad educativa.
“Si tenemos denuncias, las vamos a atender directamente desde el centro educativo afectado”, aseguró.
Colegios privados reportan cierres y traslados
El presidente de la Fenieph, Carlos Sabillón, sostuvo que la extorsión afecta desde hace varios años a instituciones privadas, principalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
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Según explicó, algunos colegios cerraron operaciones como consecuencia de las amenazas, mientras otros, especialmente aquellos que funcionan en locales alquilados, se trasladaron a diferentes barrios o colonias para intentar reducir el riesgo.
Sabillón indicó que las llamadas extorsivas se han convertido en una de las principales formas de intimidación. Por esa razón, algunos centros educativos decidieron cancelar sus líneas telefónicas fijas.
El dirigente advirtió que este delito, históricamente relacionado con el transporte público, pequeños negocios y comerciantes, se ha extendido hacia el sector educativo y pone en riesgo la estabilidad financiera de las instituciones privadas.
Autoridades llaman a denunciar
Aunque Educación descarta reportes en el sistema público, Argueta insistió en que cualquier denuncia será atendida en coordinación con las autoridades de Seguridad.
Por su parte, Sabillón pidió fortalecer las acciones contra las estructuras criminales y evitar que más colegios tengan que cerrar o abandonar las comunidades donde prestan sus servicios.
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La situación evidencia una diferencia entre ambos sectores: mientras las autoridades no registran denuncias en escuelas públicas, los representantes de la educación privada aseguran que la extorsión ya provocó cierres, traslados y medidas internas de protección.
El contraste también ha llevado a las autoridades a reforzar la vigilancia preventiva y a solicitar que cualquier amenaza sea comunicada de inmediato.
Educación sostiene que la ausencia de denuncias formales no elimina la necesidad de mantener controles, mientras la Fenieph reclama una respuesta más contundente para proteger a estudiantes, docentes, propietarios y trabajadores de los centros afectados.
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