Panamá comienza a medir la dependencia de su población ante el acelerado envejecimiento del país

Panamá se prepara para enfrentar uno de los mayores cambios demográficos de las próximas décadas: una población cada vez más envejecida y un aumento acelerado de personas que necesitarán cuidados permanentes.

Ante ese escenario, el país comenzó a implementar un sistema que permitirá medir, con criterios técnicos, qué ciudadanos requieren apoyo para actividades básicas como alimentarse, movilizarse o asearse, una evaluación que determinará quiénes tendrán prioridad para acceder a los servicios públicos de cuidado.

La herramienta, conocida como Baremo de Valoración de la Dependencia, forma parte del desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados, creado mediante la Ley 431 de 2024, una norma que por primera vez reconoce el derecho al cuidado y establece la responsabilidad del Estado de organizar una red de servicios para personas que, por razones de edad, discapacidad o condición de salud, requieren apoyo para desarrollar su vida cotidiana.

Hasta ahora, Panamá no contaba con un mecanismo uniforme para determinar quién necesitaba cuidados y en qué nivel. Cada institución utilizaba criterios propios, lo que dificultaba establecer prioridades y distribuir los recursos públicos de manera equitativa.

Con el nuevo baremo, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con asistencia técnica y financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), busca estandarizar ese proceso mediante una evaluación objetiva de la autonomía de cada persona.

A diferencia de un examen médico convencional, el instrumento no pretende diagnosticar enfermedades ni establecer discapacidades. Su función consiste en medir el grado de independencia de una persona para realizar actividades esenciales de la vida diaria, como alimentarse, vestirse, desplazarse, mantener su higiene personal, comunicarse o tomar decisiones básicas.

Con base en esa evaluación, el sistema clasificará a los usuarios en tres niveles de dependencia: moderada, severa y gran dependencia, categorías que servirán para definir el tipo de apoyo que requieren y establecer el orden de prioridad para acceder a los servicios del Sistema Nacional de Cuidados.

El BID explica que este tipo de herramientas constituye uno de los pilares de cualquier sistema moderno de cuidados porque permite asignar los apoyos utilizando criterios homogéneos y transparentes, evitando decisiones discrecionales y orientando los recursos hacia quienes presentan mayores necesidades.

Aunque estos instrumentos llevan décadas utilizándose en Europa, su implementación en América Latina aún es limitada. Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay y Barbados ya cuentan con sistemas similares. Con el desarrollo de esta escala, Panamá pasa a integrar el grupo de países de la región que han adoptado mecanismos estandarizados para valorar la dependencia funcional.

La necesidad de esta herramienta responde a una realidad demográfica que comienza a transformar al país. Los resultados del XII Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 2023 muestran que Panamá envejece de forma sostenida.

Mientras en 1980 las personas de 65 años y más representaban el 4,3 % de la población, para 2023 esa proporción aumentó hasta 9,8 %, más del doble en poco más de cuatro décadas. Al mismo tiempo, la edad mediana de la población pasó de 22 años en 1990 a 30 años en 2023, reflejo de una menor fecundidad y una mayor esperanza de vida.

Los datos oficiales permiten dimensionar aún más el desafío. Panamá cuenta actualmente con 563.641 personas de 60 años y más, mientras que 47.508 tienen 80 años o más, segmento de la población que presenta una mayor probabilidad de requerir cuidados permanentes debido a limitaciones funcionales asociadas al envejecimiento.

El BID advierte que esa presión continuará aumentando durante las próximas décadas. Las proyecciones indican que el número de personas mayores con dependencia funcional podría duplicarse hacia 2035 y triplicarse para 2050, lo que obligará al Estado a ampliar significativamente la cobertura de los servicios de cuidado y a fortalecer las capacidades institucionales para responder a esa demanda.

Con ese objetivo, durante 2026 el MIDES inició un proceso de capacitación para los equipos responsables de aplicar la nueva herramienta. Más de 25 profesionales del ministerio, de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) y de otras entidades públicas fueron formados para convertirse en instructores y garantizar que la evaluación se aplique bajo los mismos criterios en todas las provincias y comarcas del país.

Sin embargo, especialistas coinciden en que disponer de una escala de valoración constituye apenas el primer paso. El verdadero reto será construir la infraestructura necesaria para atender a una población que continuará envejeciendo.

Eso implica ampliar la oferta de centros de atención, formar más cuidadores, fortalecer los programas de atención domiciliaria y asegurar el financiamiento suficiente para sostener un sistema cuya demanda crecerá de manera sostenida.

El cambio también supone una transformación en la forma de entender los cuidados. Tradicionalmente, esa responsabilidad ha recaído casi exclusivamente sobre las familias —y especialmente sobre las mujeres— sin una política pública integral que articule servicios de apoyo.

El Sistema Nacional de Cuidados busca cambiar ese modelo mediante una red organizada que permita distribuir de forma más equitativa las responsabilidades entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado.