Operación Escudo Infantil deja cuatro capturados en ofensiva contra el abuso sexual de menores en Panamá

La ofensiva de las autoridades panameñas contra los delitos sexuales cometidos en perjuicio de menores de edad sumó esta semana nuevos resultados con la aprehensión de cuatro personas durante la Operación Escudo Infantil, mientras otros procesos paralelos concluyeron con condenas de hasta 16 años de prisión y la imposición de detenciones provisionales contra presuntos agresores en distintas provincias del país.

La Procuraduría General de la Nación informó que los cuatro aprehendidos quedaron a disposición de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana por su presunta vinculación con delitos contra la libertad e integridad sexual, específicamente por corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial mediante material de abuso sexual infantil y otras conductas relacionadas.

Los operativos fueron ejecutados de manera simultánea en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Bocas del Toro y Veraguas, con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, Interpol y la organización internacional Our Rescue, dedicada al combate de la explotación sexual infantil.

Durante las diligencias, los investigadores ubicaron y decomisaron equipos tecnológicos que presuntamente eran utilizados para almacenar material de abuso sexual infantil. Los dispositivos serán sometidos ahora a peritajes forenses especializados para determinar su contenido y establecer si existen nuevas víctimas o posibles vínculos con redes de distribución digital.

Concluidos esos análisis, el Ministerio Público presentará a los investigados ante un juez de garantías para solicitar las medidas cautelares correspondientes.

La operación ocurre mientras otras investigaciones por delitos sexuales avanzan en distintas etapas judiciales.

En la provincia de Chiriquí, un juez ordenó la detención provisional de un hombre imputado por corrupción de menores de edad, tras acoger la solicitud presentada por la Fiscalía Regional.

El caso se remonta al 29 de junio de este año, cuando, según la investigación, el imputado aprovechó la condición de vulnerabilidad de la víctima para cometer el delito en el corregimiento de Río Sereno, distrito de Renacimiento.

Durante la audiencia de garantías, la Fiscalía sustentó la legalidad de la aprehensión, formuló cargos y logró que el tribunal ordenara la medida cautelar más severa al considerar los riesgos procesales, entre ellos el peligro para la víctima y la comunidad.

En otro proceso, la Sección Primera de Delitos Sexuales de la Fiscalía Metropolitana obtuvo una condena de 14 años de prisión contra un hombre de 44 años hallado responsable de los delitos de actos libidinosos agravados y violación agravada en perjuicio de una menor de edad.

Además de la pena principal, el tribunal le impuso cinco años de inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones en parques, centros educativos, instalaciones deportivas o cualquier otro lugar donde habitualmente se concentren niños y adolescentes.

En Panamá Oeste también se registraron avances judiciales derivados de la denominada Operación Alba.

La Fiscalía Regional logró una condena de 16 años de prisión mediante acuerdo de pena para uno de los procesados por violación agravada, además de una prohibición de diez años para acudir a lugares frecuentados por menores de edad una vez cumpla la sanción principal.

En esa misma investigación, otros dos hombres permanecen bajo detención provisional mientras continúan las pesquisas por varios delitos contra la libertad e integridad sexual presuntamente cometidos entre 2021 y 2026.

Las actuaciones reflejan la estrategia del Ministerio Público de combinar investigaciones tecnológicas para detectar redes de explotación sexual infantil con el impulso de procesos penales por agresiones sexuales ocurridas en distintos puntos del país.

La legislación panameña contempla algunas de las sanciones más severas del Código Penal para este tipo de delitos. Tras las reformas introducidas en los últimos años, la corrupción de personas menores de edad se castiga con penas de ocho a diez años de prisión, que pueden aumentar hasta 15 años cuando la víctima tiene 14 años o menos, existe violencia, abuso de confianza, participación de varias personas o se presentan otras circunstancias agravantes.

Las penas también se endurecen para los delitos relacionados con explotación sexual comercial y material de abuso sexual infantil, especialmente cuando intervienen organizaciones criminales o las víctimas son menores de 14 años. La violación agravada, por su parte, puede alcanzar condenas de hasta 15 años de prisión, dependiendo de las circunstancias del hecho, mientras que la acumulación de delitos puede dar lugar a sanciones considerablemente mayores.

La Procuraduría General de la Nación mantiene abiertas las investigaciones derivadas de la Operación Escudo Infantil y reiteró que continuará desarrollando acciones coordinadas con organismos nacionales e internacionales para identificar a personas involucradas en la producción, almacenamiento, distribución y consumo de material de abuso sexual infantil, así como para llevar ante los tribunales a quienes resulten responsables de delitos sexuales contra niños y adolescentes.