
El Gobierno de Guatemala presentó los avances de la Agenda Nacional de Modernización del Organismo Ejecutivo, una hoja de ruta con cuatro pilares que busca cambiar cómo funciona el Estado y dejar bases que continúen más allá del actual mandato, con medidas orientadas a hacer más ágiles, transparentes y coordinadas las instituciones públicas.
Uno de los datos centrales expuestos durante la jornada fue el peso fiscal de las compras estatales. El ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos afirmó que el Estado destina cerca del 6 % del producto interno bruto a comprar y contratar bienes y servicios, por lo que una nueva ley de contrataciones públicas tendría impacto directo sobre la ejecución presupuestaria, la transparencia y la calidad del gasto.
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La agenda también incorpora un despliegue territorial inicial en siete departamentos, mientras el fortalecimiento de los gobiernos departamentales ya contempla más recursos para los 22. La apuesta oficial es que la inversión pública se planifique desde las necesidades locales y no solo desde la capital.

El Ejecutivo ordenó la modernización en cuatro pilares
Menkos, en su calidad de presidente del Comité Nacional para la Modernización del Organismo Ejecutivo, explicó que el plan se organiza en transformación institucional, del servicio público, digital y del territorio. Según detalló, el objetivo es articular prioridades, alinear recursos y dar seguimiento a compromisos concretos entre distintas dependencias del Ejecutivo.
En el plano institucional, la subsecretaria privada de la Presidencia Julissa Cifuentes sostuvo que el Gobierno encontró vacíos legales, normativas desactualizadas, decisiones sin base suficiente y poca transparencia en el uso de recursos públicos. Frente a ese diagnóstico, anunció la elaboración de una iniciativa de ley para volver más ágiles, transparentes y competitivas las compras públicas.
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La funcionaria agregó que también se creó, un sistema para seguir resultados de políticas y programas, y Copera GT, orientado a dar más eficiencia y transparencia a los proyectos de cooperación internacional. Sumó además la puesta en marcha del Sistema Nacional de Integridad, en el que ya se presentaron más de 400 denuncias fundamentadas ante las autoridades correspondientes.
En materia de servicio público, el Ejecutivo planteó que uno de los problemas detectados fue la dispersión de la información sobre funcionarios y empleados, además de procesos lentos de recursos humanos y herramientas obsoletas para buscar empleo estatal.
La digitalización incluye trámites unificados e interoperabilidad
El frente digital fue presentado como el cambio más visible para la ciudadanía. Cifuentes señaló que el Gobierno encontró trámites asociados a filas, papeleo, tiempo perdido e instituciones que no intercambian información entre sí, además de zonas sin conectividad.
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Como respuesta, el Ejecutivo reportó avances un portal unificado para trámites, y en un sistema de interoperabilidad destinado a evitar que una persona tenga que presentar el mismo documento en varias oficinas. La funcionaria añadió que ya es posible realizar gestiones desde el celular en varias instituciones.
Arévalo dijo que busca dejar leyes y sistemas para los próximos gobiernos
El presidente Bernardo Arévalo afirmó que la modernización apunta a corregir un Estado que recibió con capacidades debilitadas, normas desactualizadas, sistemas fragmentados y procesos tortuosos. Describió un esquema en el que, durante años, la ciudadanía debió adaptarse al desorden gubernamental para obtener respuestas, con mayores costos en áreas rurales y también en las ciudades, donde eso se traduce en filas, saturación y trámites repetidos.
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La respuesta más directa sobre qué pretende dejar su administración para los próximos gobiernos llegó cuando se le preguntó por los principales avances.
Arévalo respondió que el Ejecutivo trabaja para dejar reformas en los cuatro ejes, entre ellas una propuesta de ley de servicio civil que espera presentar al Congreso antes de que termine el año, además de la ley de contrataciones ya presentada, una ley general de inversión pública y la preparación de una ley orgánica del presupuesto.
Sobre la dimensión territorial, Arévalo indicó que el Gobierno está probando una nueva lógica de gestión departamental en siete departamentos. Según explicó, la intención es acercar el desarrollo al territorio y ampliar la participación para mejorar la integración entre el Estado y las comunidades.
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Durante su discurso, el presidente vinculó toda la agenda con un objetivo político más amplio: recuperar la capacidad del gobierno para planificar, coordinar, medir, evaluar, responder y rendir cuentas.
También sostuvo que modernizar el Ejecutivo es una forma concreta de cerrar espacios a la corrupción allí donde existan procesos trazables, seguimiento, tecnología útil y ciudadanos informados.
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