Justicia panameña condena a los primeros implicados de una red que utilizaba puertos para enviar droga al extranjero

La justicia panameña ordenó la detención provisional de 22 personas y validó cuatro acuerdos de pena contra integrantes de una presunta organización criminal que utilizaba el Puerto de Balboa para enviar cargamentos de droga hacia Europa y Oceanía.

Las decisiones judiciales representan el resultado más reciente de la denominada Operación Alianza, desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y la Policía Nacional tras una investigación iniciada en agosto de 2024.

Durante las audiencias, los tribunales validaron acuerdos de pena de 120, 108, 64 y 60 meses de prisión. Esto equivale a condenas de diez años, nueve años, cinco años y cuatro meses, y cinco años, respectivamente.

Los acuerdos fueron alcanzados por delitos relacionados con conspiración para cometer delitos de drogas, tráfico internacional de drogas, delitos contra la seguridad colectiva y blanqueo de capitales, según informó la Procuraduría General de la Nación.

A otras 22 personas aprehendidas durante la operación se les legalizó la detención, se les formularon cargos y se les impuso la medida cautelar de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

La decisión implica que los imputados permanecerán privados de libertad durante el desarrollo del proceso penal, debido a los riesgos procesales expuestos por el Ministerio Público ante el Tribunal de Garantías.

De forma paralela, la jueza de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Hiroko Tinoco Naranjo, declaró legal la incautación de cuatro vehículos y dinero en efectivo decomisados durante las diligencias.

La decisión fue adoptada durante una audiencia de control posterior de medidas cautelares reales solicitada por el Ministerio Público contra seis personas imputadas y un investigado que permanece pendiente de conducción.

El tribunal evaluó la resolución de aprehensión presentada por la Fiscalía y determinó que las medidas cumplían con los requisitos establecidos en los artículos 252 y 258 del Código Procesal Penal.

Como resultado, quedaron bajo control de las autoridades cuatro vehículos presuntamente utilizados por la organización y más de 14.000 dólares en efectivo encontrados durante los operativos.

La causa se originó el 8 de agosto de 2024, cuando la Fiscalía de Drogas inició una investigación contra una estructura señalada de contaminar contenedores con sustancias ilícitas en la Terminal Portuaria de Balboa, ubicada en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá.

Durante aproximadamente un año, los investigadores dieron seguimiento a 19 eventos relacionados con las actividades del grupo mediante técnicas especializadas de vigilancia, inteligencia y recolección de evidencia.

Las diligencias fueron realizadas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, así como en el distrito de San Miguelito.

En el transcurso de la investigación, las autoridades decomisaron 1.450 paquetes de droga, equivalentes a más de una tonelada de sustancias ilícitas, además del dinero y los vehículos que ahora quedaron formalmente incautados.

Según la Policía Nacional, la organización contaba con la participación de trabajadores portuarios ubicados en distintas áreas de la Terminal de Balboa.

Los empleados presuntamente utilizaban su acceso y conocimiento de los procedimientos internos para introducir droga en contenedores que transportaban mercancía legal hacia mercados internacionales.

La estructura también empleaba camiones articulados y vehículos particulares para trasladar grandes cargamentos hasta las instalaciones portuarias, donde permanecían a la espera de ser colocados dentro de los contenedores.

Los principales destinos identificados por los investigadores eran Australia, Nueva Zelanda y Bélgica.

La contaminación de contenedores es una modalidad utilizada por organizaciones criminales para introducir droga dentro de cargas comerciales sin que necesariamente los propietarios de la mercancía, exportadores o destinatarios conozcan que el embarque fue manipulado.

Las autoridades sostienen que la Operación Alianza permitió identificar la logística de la organización, sus medios de transporte, la presunta participación de trabajadores portuarios y las rutas internacionales utilizadas para movilizar los cargamentos.

En total, 25 personas fueron aprehendidas durante los operativos. Sin embargo, el resultado judicial dejó situaciones procesales distintas: cuatro personas aceptaron acuerdos de pena y otras 22 quedaron bajo detención provisional.

La diferencia entre ambas cifras puede responder a que los acuerdos judiciales y las medidas cautelares abarcan actuaciones procesales separadas dentro de la misma causa.

El Ministerio Público estuvo representado durante una de las audiencias por la fiscal María Sánchez, de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas. La defensa de los imputados fue ejercida por cinco abogados particulares y un representante de la Defensa Pública.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que continuará ejerciendo la acción penal contra los involucrados, mientras se mantienen las investigaciones para establecer responsabilidades adicionales dentro de la estructura.

Con las condenas, las detenciones provisionales y la legalización de los bienes incautados, la Operación Alianza pasó de la fase de allanamientos y capturas a una etapa judicial en la que ya se produjeron las primeras sentencias y se aseguraron bienes presuntamente vinculados con la actividad criminal.