Administración Mulino apunta a buscar una salida técnica al tema de la mina de cobre cerrada en 2023

La comisión interinstitucional de alto nivel que revisa los informes técnicos y ambientales sobre la apertura o no de la mina de cobre de Donoso advirtió que cualquier decisión que tomen estará sustentada en evidencia técnica, respetará el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la inconstitucionalidad del contrato que amparaba la mina, y priorizará los intereses del país.

Nombrada en junio de 2024 por el presidente, José Raúl Mulino, la comisión tiene la tarea de revisar los resultados de una auditoría relacionada con el proyecto minero y presentar recomendaciones clave para la apertura o no de la mina.

“No podemos tomar una decisión apresurada, son decisiones difíciles”, reconoció el ministro Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien junto a sus colegas de las carteras de Comercio e Industrias y de Ambiente, Julio Moltó y Juan Carlos Navarro, respectivamente, forma parte de la comisión revisora.

“Lo que esta comisión está haciendo es examinar de forma exhaustiva, sin prisas, pero sin pausas, el estado real de la mina. Aún no estamos anunciando soluciones definitivas, porque estamos en la fase de análisis riguroso de la evidencia", señaló Chapman.

La comisión analiza una auditoría técnica realizada por la firma suiza SGS, que concluyó que la operación mantiene un nivel general de cumplimiento superior al 87%.

No obstante, una revisión detallada de los más de 15 tomos del informe revela que los principales hallazgos se concentran en las áreas más sensibles: la expansión de la huella intervenida, biodiversidad, conservación de flora, reforestación y riesgos ambientales.

La evaluación abarcó un total de 370 compromisos ambientales, legales, laborales, fiscales y operativos vinculados al proyecto minero ubicado entre las provincias de Colón y Coclé.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, manifestó en su oportunidad que la auditoría reflejó nueve deficiencias ambientales, entre las que destacan la deforestación de 45.7 hectáreas de bosques, así como el desmonte de 322 hectáreas adicionales a las 2,100 establecidas originalmente.

Afirmó que actualmente se están realizando pruebas ambientales de agua, vegetación y suelo para corroborar la presencia de elementos nocivos para los seres vivos.

En palabras del ministro Moltó, el Ejecutivo no contempla retomar el esquema anterior utilizado para la operación de mina, señalando que tal como existía es inconstitucional, como lo declaró en 2023 la Corte Suprema de Justicia.

Insistió en que se deben evaluar las consecuencias económicas y sociales que dejó el cese de operaciones.

Sobre este aspecto, el funcionario detalló que con el cierre minero unos 40,800 trabajadores perdieron directa e indirectamente sus empleos, mientras que más de 170,000 resultaron afectados al considerar a sus dependientes, al tiempo que el desempleo en la provincia de Coclé, contigua al sitio de extracción minera, pasó de 4% a 13%.

Añadió que las estadísticas demuestran que 76% de los proveedores redujeron personal y aseguró que un 42% de las empresas proveedoras cerrará si la situación no cambia.

Las cifras dadas por Moltó indican que más de 2,000 empresas panameñas proveían bienes y servicios a la operación minera, de las cuales el 70 % son pequeñas y medianas empresas. “Esto no le pasó a una empresa, esto le pasó a Panamá“, aseveró.

El ministro aseguró que cualquier alternativa que adopte el gobierno respecto a la mina estará bajo el control del Estado, y se evitará que una eventual solución represente una carga económica para las finanzas públicas. Estos principios no son negociables, apuntó.