Una posible deportación masiva de beneficiarios salvadoreños del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos tendría un costo económico superior a USD 3,000 millones y rompería la vida de más de 150.000 familias con hijos ciudadanos estadounidenses, según la carta enviada por más de 80 miembros del Congreso de Estados Unidos al secretario de Seguridad Nacional.
La cifra, recogida en el documento firmado por congresistas como James P. McGovern, subraya que el proceso de remoción de los más de 200,000 salvadoreños con TPS implicaría destinar recursos públicos a procedimientos judiciales, detención, transporte y logística migratoria. El costo estimado no contempla el impacto indirecto sobre la economía nacional ni la pérdida de aportes fiscales y productivos generados por la comunidad salvadoreña.
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Según los legisladores, el 90% de los tepesianos salvadoreños participa en la fuerza laboral estadounidense, integrándose en sectores como la construcción, manufactura, transporte, servicios de alimentos y mantenimiento de edificios.
Estos trabajadores aportan cerca de USD 5,400 millones anuales al Producto Interno Bruto (PIB) y contribuyen con USD 1,500 millones en impuestos federales, estatales y locales, cifras recogidas por la carta enviada al Departamento de Seguridad Nacional.
“La deportación masiva de esta población supondría una reducción significativa de la fuerza laboral en industrias que ya enfrentan escasez de mano de obra”, señala el documento avalado por organizaciones como National TPS Alliance y American Business Immigration Coalition. El texto advierte sobre la afectación de empleadores y la disminución de la recaudación fiscal, factores que incrementarían la presión sobre los servicios públicos y la economía local.
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El Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños tiene previsto vencer el 9 de septiembre de 2026.
El impacto en las familias
El impacto social de la medida alcanza una dimensión familiar y comunitaria. Más de 150,000 niños estadounidenses tienen al menos un progenitor salvadoreño bajo protección del TPS, lo que convierte la potencial terminación del programa en una amenaza a la integridad familiar.
Según los legisladores, la deportación forzosa de padres y madres separaría hogares, dejando a menores ciudadanos en situación de vulnerabilidad y generando un efecto dominó en escuelas, barrios y servicios sociales.
La carta precisa que cerca del 20% de los beneficiarios salvadoreños del TPS llegó a Estados Unidos siendo menor de 16 años, por lo que muchos de ellos carecen de vínculos sólidos con El Salvador y han hecho su vida en territorio estadounidense. “Estos jóvenes serían enviados a un país que no conocen y donde carecen de redes de apoyo”, recoge el texto firmado por McGovern y sus colegas.
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El antecedente de la terminación del TPS para Honduras fue citado en la misiva como un ejemplo de las limitaciones legales para los migrantes. En ese caso, menos del 1% de los beneficiarios logró regularizar su situación migratoria tras la finalización del estatus.
Los legisladores advierten que, en el caso salvadoreño, la gran mayoría tampoco podría acceder a vías alternativas de residencia o ciudadanía, lo que incrementaría el riesgo de deportación masiva.
El efecto económico en El Salvador
El documento presentado ante el Departamento de Seguridad Nacional señala que la economía de El Salvador no está en condiciones de absorber a decenas de miles de retornados.
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El país centroamericano registra altos niveles de pobreza, un mercado laboral informal amplio y una estructura productiva insuficiente para proporcionar empleo o servicios básicos a la población que regresaría.
Las remesas enviadas desde Estados Unidos constituyen un pilar para la economía salvadoreña y su interrupción agravaría la crisis humanitaria local.
En la carta, los legisladores también mencionan que el régimen de excepción vigente desde 2022 ha facilitado detenciones y el encarcelamiento de más de 90,000 personas, incluidas más de 3,000 menores.
Y añaden que diversos organismos internacionales han documentado que migrantes deportados suelen ser encarcelados sin revisión judicial al llegar al país centroamericano, lo que refuerza la petición de extender el TPS y evitar una crisis humanitaria y familiar a ambos lados de la frontera.
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La petición también recibió el respaldo de National TPS Alliance, American Business Immigration Coalition, Allianza Americas, National Day Laborer Organizing Network, Service Employees International Union, CASA, CARCEN-LA, FWD.us y National Domestic Workers Alliance.
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