Exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá es detenido por supuesta lesión patrimonial

El exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, fue aprehendido la mañana del miércoles en el Aeropuerto Internacional de Tocumen como parte de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado, en un nuevo caso que surge de auditorías practicadas por la Contraloría General de la República a exfuncionarios de la pasada administración.

La diligencia fue ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción, con apoyo de agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida el 4 de junio de 2026.

Araúz llegó al país procedente de Asunción, Paraguay, y fue interceptado por las autoridades en la terminal aérea. En las próximas horas deberá comparecer ante un juez de garantías, donde el Ministerio Público sustentará los elementos que dieron origen a la investigación y solicitará la legalización de la aprehensión, así como la formulación de cargos.

La investigación se originó luego de que la Contraloría General de la República remitiera al Ministerio Público, el 9 de abril de 2026, un informe de auditoría con presuntos hallazgos de un incremento patrimonial que no habría podido ser justificado con los ingresos conocidos del exfuncionario.

Según las investigaciones, durante el análisis de sus movimientos financieros se determinó que Araúz habría manejado recursos por 2,355,670.77 dólares, entre inversiones, desembolsos, cuentas bancarias y otros activos.

Sin embargo, los auditores establecieron que las fuentes legítimas de ingresos documentadas alcanzaban únicamente 1,035,686.35 dólares, lo que dejó una diferencia patrimonial de 1,319,984.42 dólares, monto que sustenta la investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

Como consecuencia de esos hallazgos, la Contraloría ordenó en marzo de este año medidas cautelares de secuestro sobre bienes del exadministrador de la AMP hasta por el monto de la supuesta lesión patrimonial.

Las medidas incluyeron bienes inmuebles, cuentas bancarias, depósitos, vehículos, tarjetas de crédito y cuentas por cobrar al Estado, con el propósito de garantizar una eventual recuperación de recursos públicos en caso de que el proceso concluya con una condena.

El Ministerio Público abrió formalmente la investigación tras recibir el informe de auditoría y realizar verificaciones adicionales sobre la evolución patrimonial del exfuncionario durante el período en que ocupó la dirección de la Autoridad Marítima de Panamá.

La orden de captura fue emitida hace poco más de un mes, el 4 de junio, aunque fue ejecutada este miércoles tras el arribo de Araúz al país.

Una gestión marcada por la polémica de Panama Ports

Noriel Araúz dirigió la Autoridad Marítima de Panamá durante el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024), período en el que la entidad estuvo involucrada en una de las decisiones administrativas más controvertidas de los últimos años.

Durante su gestión, la AMP validó la extensión automática de la concesión otorgada a Panama Ports Company, filial de la hongkonesa CK Hutchison, para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

La decisión generó fuertes cuestionamientos debido a que la prórroga fue reconocida sin contar con el refrendo previo de la Contraloría General de la República, requisito contemplado en la normativa panameña para este tipo de actos administrativos.

El tema llegó posteriormente a la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la extensión de la concesión al concluir que el procedimiento utilizado incumplió las exigencias establecidas por la legislación panameña.

Aunque esa controversia administrativa es independiente del proceso penal por enriquecimiento injustificado, la actuación de Araúz al frente de la AMP permaneció bajo escrutinio público desde entonces, especialmente por el impacto que tuvo el contrato portuario en el debate nacional sobre la administración de activos estratégicos del Estado.

La captura del exadministrador de la AMP se produce en momentos en que la Contraloría General y el Ministerio Público han intensificado las auditorías y procesos penales relacionados con el manejo de fondos públicos durante administraciones anteriores.

En los últimos meses ambas instituciones han impulsado investigaciones por presunto enriquecimiento injustificado, peculado y otras irregularidades administrativas que han derivado en medidas cautelares, secuestros de bienes y aprehensiones de exfuncionarios de alto perfil.

Ahora corresponderá al Ministerio Público presentar los elementos de convicción ante un juez de garantías, mientras la defensa del exfuncionario tendrá la oportunidad de controvertir las acusaciones dentro del proceso penal, que busca determinar si el incremento patrimonial detectado por la auditoría tiene o no una justificación legal.