
Una nueva investigación por presunta corrupción dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) escaló este miércoles con el desarrollo de la Operación Pandora, un amplio operativo encabezado por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada para desarticular una supuesta organización criminal integrada por funcionarios y particulares que habría manipulado el sistema tributario E-Tax para obtener millonarios beneficios económicos.
La diligencia representa un nuevo capítulo en las investigaciones sobre el uso irregular de la principal plataforma de administración tributaria del país, aunque en esta ocasión las autoridades apuntan a un mecanismo distinto al investigado en el caso de los créditos fiscales fraudulentos.
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Como parte del operativo, el Ministerio Público ejecutó 23 allanamientos simultáneos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, en busca de evidencia tecnológica y documental relacionada con la presunta red.
El procurador general de la Nación, Luis Gómez, participó en las diligencias junto a fiscales especializados y unidades de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información oficial, la investigación involucra aproximadamente 19 personas, entre funcionarios de la DGI y particulares, contra quienes se han girado órdenes de aprehensión por su presunta participación en la estructura.
Cómo operaba la presunta red
Según la Fiscalía, el grupo utilizaba accesos privilegiados al sistema E-Tax para eliminar del registro tributario cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que ya habían cancelado sus obligaciones fiscales.
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Al desaparecer esos registros, los montos quedaban clasificados dentro de la plataforma como pagos no aplicados, condición que posteriormente permitía comercializarlos por su valor real a una entidad crediticia establecida en Panamá.
Las investigaciones también apuntan a que algunos funcionarios habrían recibido pagos ilícitos adicionales a sus salarios a cambio de realizar ajustes internos dentro del sistema tributario.

La Fiscalía explicó que la manipulación informática permitía trasladar deudas y movimientos tributarios entre contribuyentes, generando un beneficio económico para la organización investigada.
Durante los allanamientos fueron decomisados equipos informáticos, dispositivos electrónicos y documentación que ahora será sometida a análisis pericial para reconstruir la operación de la presunta red.
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La Operación Pandora se suma a una serie de investigaciones que desde hace tres años mantienen bajo la lupa a la DGI por presuntas irregularidades relacionadas con el sistema E-Tax 2.0.
En paralelo continúa avanzando la investigación que inició en abril de 2023 luego de una denuncia presentada por la propia Dirección General de Ingresos tras detectar anomalías en el reconocimiento y cesión de créditos fiscales relacionados con la compra e instalación de equipos fiscales.

Ese expediente, inicialmente investigado por la Fiscalía Anticorrupción, sostiene que mediante resoluciones presuntamente falsas se generaban créditos fiscales sin respaldo comercial, que posteriormente eran cedidos a empresas intermediarias y finalmente transferidos a otras compañías o aseguradoras para obtener beneficios tributarios indebidos.
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Las pesquisas han derivado en múltiples operativos, entre ellos la Operación E-Tax 2.0 en 2023 y la Operación Publicano en 2025, además de nuevas aprehensiones ejecutadas durante 2026.
La semana pasada, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción capturó en Las Uvas de San Carlos a otra persona presuntamente vinculada con delitos contra la fe pública y peculado doloso dentro de esa investigación.
Con el paso de los años, las cifras asociadas al presunto fraude tributario también han aumentado.
Mientras las primeras investigaciones hablaban de un perjuicio cercano a 934 mil dólares, auditorías posteriores y nuevas líneas de investigación elevaron el posible impacto económico para el Estado a entre 40 y 80 millones de dólares, de acuerdo con documentos y auditorías internas citados dentro del expediente.
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Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que varios de los investigados ocupaban cargos dentro de la propia Dirección General de Ingresos, lo que les habría permitido acceder a herramientas y procedimientos internos reservados.
Las investigaciones también alcanzan a particulares, empresas intermediarias e incluso familiares de algunos de los implicados, según la información divulgada previamente por el Ministerio Público.
Aunque ambos expedientes giran alrededor del sistema E-Tax, las autoridades manejan líneas de investigación diferentes.
El caso de la Fiscalía Anticorrupción se centra en la creación y cesión irregular de créditos fiscales, mientras que la Operación Pandora, dirigida por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, investiga la presunta eliminación de cuentas tributarias ya pagadas para convertir esos montos en pagos no aplicados y posteriormente obtener ganancias mediante su comercialización.
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Las pesquisas permanecen bajo reserva mientras continúan los allanamientos, el análisis de la evidencia tecnológica y la ejecución de las órdenes de captura.
Con esta nueva operación, el Ministerio Público amplía uno de los mayores casos de presunta corrupción vinculados a la administración tributaria panameña, un expediente que ya involucra a exfuncionarios, servidores públicos en funciones y particulares, y que continúa revelando nuevas modalidades de manipulación del sistema digital encargado de administrar los impuestos del país.
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