En Panamá viven cerca de 8,500 personas entre refugiadas y solicitantes de dicha condición

Un aproximado de 8,500 personas entre refugiadas y solicitantes de dicha condición viven en Panamá, en su gran mayoría naturales de Colombia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela.

Panamá ha sido históricamente un país de tránsito y acogida, por lo que las autoridades trabajan de manera continua para garantizar que quienes solicitan protección reciban una respuesta digna, justa y oportuna.

“Estas personas no son números, ni estadísticas; son seres humanos que requieren apoyo”, señaló Tania Lam, directora de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (Onpar).

Lam hizo un llamado a actuar con empatía, facilitar la integración social, combatir la discriminación y asegurar la eficiencia en los procedimientos legales de protección.

La condición de refugiado en el país se solicita a través de un portal del Ministerio de Gobierno, donde la persona solicitante debe hacer una relación de los hechos en los cuales fundamenta el temor de persecución.

Posteriormente, la Onpar evalúa si la solicitud reviste la apariencia de cumplir con los criterios incluidos en la definición de refugiado contenida en las leyes vigentes.

De ser admitida la solicitud, el Servicio Nacional de Migración le otorga a cada miembro del grupo familiar solicitante un documento provisional de identificación por un periodo de seis meses.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, prepara un informe dirigido a las autoridades competentes con recomendaciones orientadas a fortalecer la protección de los derechos humanos de la población migrante.

Funcionarios de esta entidad realizaron esta semana una visita de seguimiento a los centros de retención administrativa masculino y femenino del Servicio Nacional de Migración.

La inspección perseguía verificar el cumplimiento de recomendaciones emitidas en visitas anteriores y evaluar condiciones materiales, acceso a servicios básicos, actividades para las personas retenidas y respeto al debido proceso.

Estas acciones buscan identificar y prevenir situaciones de posibles torturas o malos tratos hacia los migrantes.

La Defensoría del Pueblo informó que durante la jornada se contó con el acompañamiento técnico de oficiales de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Además, se aplicó una herramienta de monitoreo regional de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson a las personas migrantes retenidas en ambos centros.

Hace un año, al cierre de junio, 117,3 millones de personas en el mundo habían sido desplazadas por persecuciones, conflictos, violaciones a los derechos humanos, violencia o graves alteraciones al orden público, consigna el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

En comparación con 2024, esta cifra supone una disminución de casi el 5%, o sea, 5,9 millones de personas menos.

Este cambio, registra Acnur, refleja el fuerte aumento en el número de retornos de personas refugiadas y desplazadas internas en algunas de las situaciones de desplazamiento más graves del mundo, como Afganistán, la República Democrática del Congo, Sudán y Siria.

Sin embargo, muchos de estos retornos se han producido en condiciones adversas y hacia zonas que continúan siendo inseguras y con escaso o inexistente acceso a servicios básicos, lo que suscita preocupación por la sostenibilidad de los mismos.

La mayoría de las personas que se ven obligadas a huir de su hogar, añade la Acnur, nunca cruzan una frontera internacional, sino que permanecen desplazadas dentro de sus propios países.

El organismo internacional revela que a finales de junio de 2025 se estima que había 67.8 millones de personas desplazadas internas por conflictos o violencia en el mundo, un 8% menos que a finales de 2024.

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