Condenan a cuatro personas por minería ilegal en medio del aumento de los delitos ambientales en Panamá

Cuatro personas fueron condenadas a 48 meses de prisión por realizar actividades de minería ilegal en la comunidad de Río Negro, corregimiento de Chepo, distrito de Las Minas, provincia de Herrera, en un caso que ocurre en medio de un fuerte aumento de los delitos ambientales relacionados con la destrucción de los recursos naturales en Panamá.

La Procuraduría General de la Nación informó que la Personería Municipal de Las Minas logró la validación de cuatro acuerdos de pena por delitos contra los recursos naturales, luego de demostrar que los implicados realizaban labores de exploración minera sin autorización, ocasionando daños al ecosistema y la degradación de un acuífero de la zona.

Los sentenciados fueron aprehendidos en flagrancia el 31 de enero de 2026 y permanecían bajo medida cautelar de depósito domiciliario antes de aceptar su responsabilidad penal.

Tras admitir los hechos, recibieron una condena de cuatro años de prisión por infringir el artículo 399 del Código Penal, que sanciona la destrucción de los recursos naturales.

Aunque el caso ocurrió en Herrera, la minería ilegal se ha convertido en una preocupación recurrente para las autoridades ambientales y de seguridad.

Durante los últimos años se han detectado operaciones clandestinas principalmente en áreas de Darién, Panamá Este, Colón, Veraguas, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé, generalmente en zonas boscosas, cercanas a ríos o de difícil acceso, donde grupos ilegales buscan extraer oro y otros minerales sin permisos ni controles ambientales.

La actividad es considerada ilegal cuando se realiza sin concesiones otorgadas por el Estado, sin estudios de impacto ambiental aprobados o incumpliendo las regulaciones establecidas por las autoridades competentes.

En muchos casos, quienes participan en estas actividades utilizan motobombas, excavaciones artesanales y maquinaria que altera cauces de ríos, provoca erosión de los suelos, elimina cobertura forestal y afecta ecosistemas sensibles.

De hecho, en enero de este año las autoridades desmantelaron un campamento de minería ilegal en Chepo, al este de la capital panameña, mientras que hace apenas unos días un operativo interinstitucional en Panamá Este dejó 11 aprehendidos y un menor retenido presuntamente vinculados a actividades ilícitas de extracción de minerales.

Las estadísticas del Ministerio Público reflejan que los delitos ambientales muestran una tendencia creciente durante 2026. Entre enero y mayo se registraron 337 acciones criminales relacionadas con delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial, frente a 189 casos contabilizados durante el mismo período de 2025, lo que representa un aumento de 78.3%.

El crecimiento es todavía más marcado en los delitos contra los recursos naturales. Mientras entre enero y mayo de 2025 se reportaron 93 investigaciones en esta categoría, en igual período de 2026 la cifra ascendió a 184 casos, prácticamente el doble.

Particularmente llamativo resulta el comportamiento del delito de destrucción de recursos naturales, la misma figura utilizada para condenar a los responsables del caso de Herrera. Las investigaciones por este delito pasaron de 54 en los primeros cinco meses de 2025 a 120 durante el mismo período de 2026, un incremento de más de 122%.

La legislación panameña contempla sanciones penales para quienes destruyan, degraden o afecten recursos naturales protegidos. Dependiendo de la gravedad del daño, las penas pueden aumentar cuando las acciones afectan fuentes de agua, bosques, ecosistemas vulnerables o áreas protegidas.

Especialistas en temas ambientales advierten que la minería ilegal es una de las actividades con mayor capacidad de generar daños simultáneos sobre distintos componentes del ambiente. La remoción de suelo, la sedimentación de ríos, la contaminación de cuerpos de agua y la pérdida de cobertura forestal suelen ocurrir de manera paralela, dificultando posteriormente la recuperación de los ecosistemas afectados.

En el caso de Las Minas, la investigación concluyó que las actividades desarrolladas por los ahora condenados provocaron afectaciones directas sobre un acuífero, un recurso particularmente sensible en momentos en que Panamá enfrenta crecientes desafíos relacionados con la disponibilidad y gestión del agua.

La condena también coincide con un momento de especial atención nacional sobre la actividad minera. Desde finales de 2023 permanece suspendida la operación de Cobre Panamá luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato ley que sustentaba el proyecto.

Esta misma semana, el Gobierno del presidente José Raúl Mulino recibió el informe de auditoría ambiental que servirá de base para definir los próximos pasos sobre el futuro de la mina ubicada en Donoso, Colón, una concesión que abarca aproximadamente 13 mil hectáreas y que llegó a convertirse en una de las operaciones mineras más importantes de América Latina.

Aunque se trata de situaciones completamente distintas desde el punto de vista legal —una vinculada a actividades clandestinas y otra a una concesión minera suspendida por decisión judicial—, ambos casos reflejan la creciente atención que existe en Panamá sobre el impacto ambiental de las actividades extractivas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, fiscalización y cumplimiento de la normativa ambiental.

Para las autoridades, la condena dictada en Herrera constituye una señal de que los delitos ambientales pueden derivar en sanciones penales. Para el país, representa además un recordatorio de que la protección de los recursos naturales se ha convertido en uno de los temas que marcarán buena parte del debate ambiental durante los próximos años.