El dirigente del transporte urbano de Tegucigalpa, Wilmer Cálix, instó este lunes a las autoridades hondureñas a investigar el destino de los 21,000 millones de lempiras - unos 782,722,905 USD- que, según estimaciones del sector, han sido entregados al crimen organizado mediante el delito de extorsión durante los últimos años.
El representante del rubro sostuvo que esa millonaria cantidad de dinero no pudo haber circulado sin dejar rastro dentro del sistema financiero y consideró que una de las principales líneas de investigación de las autoridades debe enfocarse en seguir el recorrido de esos recursos.
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"Ese dinero no se movió en un mercadito o en una pulpería de un barrio“, expresó Cálix al cuestionar que, pese a los elevados montos que maneja la criminalidad organizada, no existan resultados contundentes para identificar el flujo de esos recursos.
Piden seguir la ruta del dinero
Durante sus declaraciones, Wilmer Cálix manifestó que las investigaciones no deben limitarse únicamente a la captura de integrantes de estructuras criminales, sino también al análisis financiero que permita determinar cómo operan las redes de cobro y dónde terminan los recursos obtenidos mediante la extorsión.
Según explicó, rastrear el dinero permitiría fortalecer las investigaciones y debilitar la capacidad económica de las organizaciones dedicadas a este delito, que durante años ha afectado a diferentes sectores productivos del país.
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El dirigente afirmó que, de acuerdo con las estimaciones del sector transporte, desde el año 2002 hasta la actualidad se han pagado alrededor de L21,000 millones por concepto de extorsión.
Cuestiona inversión en seguridad
Cálix también cuestionó que, mientras el Estado ha destinado aproximadamente L300,000 millones para fortalecer la seguridad pública, el sector transporte continúa siendo uno de los más afectados por las amenazas y los cobros ilegales.
A su juicio, los resultados no han sido suficientes para brindar condiciones de seguridad a los transportistas, quienes históricamente han denunciado ataques, homicidios, amenazas y pagos extorsivos para poder operar.
El dirigente señaló que la problemática no ha desaparecido, sino que con el paso del tiempo ha cambiado la forma en que operan las estructuras criminales.
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La extorsión ha evolucionado
Según Cálix, desde que comenzó a registrarse este delito de manera sistemática en el país, la extorsión no necesariamente ha aumentado en volumen, pero sí ha evolucionado hacia nuevas modalidades de cobro y mecanismos para exigir los pagos a las víctimas.
Actualmente, las organizaciones criminales recurren a diferentes métodos para realizar las exigencias económicas, lo que, según el dirigente, representa nuevos desafíos para las autoridades encargadas de combatir este delito.
La extorsión consiste en obligar a una persona, mediante violencia o intimidación, a entregar dinero o realizar actos que afectan su patrimonio o el de terceros.
Miles de hogares siguen siendo víctimas
Aunque el sector transporte ha sido históricamente uno de los más golpeados por este delito, las organizaciones dedicadas a la extorsión también afectan a comerciantes, pequeños empresarios y otros sectores económicos del país.
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De acuerdo con un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), alrededor de 304,000 hogares hondureños continúan siendo víctimas de este ilícito, una situación que mantiene la preocupación de distintos sectores por el impacto económico y social que genera.
Ante este panorama, representantes del transporte reiteraron el llamado a fortalecer las investigaciones financieras, perseguir las estructuras que obtienen ganancias mediante la extorsión y garantizar mayores condiciones de seguridad para quienes diariamente desarrollan actividades productivas en Honduras.
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