Represión en Irán: el régimen ejecutó a otros dos manifestantes por las protestas de enero

Irán ejecutó este martes a dos hombres condenados por su participación en las protestas antigubernamentales de enero, informó la agencia judicial Mizan. Abolfazl Sepahi Badjani, de 23 años, y Amirhossein Safari Hosseinabadi, de 28, fueron ahorcados en público en el distrito de Malekshahr, en Isfahán, cerca de la plaza Alikhani, donde meses atrás se produjeron los hechos que motivaron su condena.

Las autoridades judiciales los acusaron de haber participado en la muerte de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad durante las protestas del 8 de enero en esa plaza. Según Mizan, ambos formaban parte de un grupo de doce hombres sentenciados a muerte en un único juicio, celebrado a puerta cerrada, por el llamado caso de la plaza Alikhani. Con estas dos ejecuciones, la cifra total de condenados ajusticiados en esa causa asciende a cuatro.

Los otros dos, Erfan Esfandiari y Gol Mohammad Mohammadi, habían sido ejecutados el 19 de julio. Diez de los doce condenados originales permanecen en riesgo inminente de ejecución, según expertos de Naciones Unidas.

Horas antes de las ejecuciones de este martes, un grupo de relatores de la ONU liderado por Mai Sato, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán, había pedido a las autoridades iraníes que suspendieran las condenas pendientes. Los expertos señalaron que los doce acusados fueron sentenciados a muerte en una sola vista judicial, sin que quedara establecida la responsabilidad individual de cada uno, en lo que calificaron de violación de las garantías mínimas de un juicio justo.

Las protestas de enero estallaron el 8 de enero en Isfahán y se extendieron con rapidez a otras ciudades del país, en medio de un colapso del valor de la moneda nacional que agravó una crisis económica ya prolongada. Según cifras oficiales citadas por Teherán, 3.117 personas murieron durante las manifestaciones, que las fuerzas de seguridad reprimieron en la que se considera la mayor campaña represiva de la historia de la República Islámica. Organizaciones de derechos humanos sostienen que más de siete mil personas fueron asesinadas por las fuerzas del régimen durante esas semanas.

La represión judicial se intensificó después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el 28 de febrero, una ofensiva militar contra Irán con cerca de 900 ataques en doce horas dirigidos contra infraestructura militar, defensas antiaéreas y el liderazgo del país. El primer bombardeo mató al líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei, quien gobernaba desde 1989, y a otros altos funcionarios. Su hijo, Mojtaba Khamenei, lo sucedió al frente del régimen. Irán respondió con una oleada de misiles y drones contra Israel y contra instalaciones estadounidenses en la región, en un conflicto que se prolonga desde entonces y que Teherán considera existencial para la continuidad del régimen.

En ese contexto de guerra, las autoridades iraníes han advertido reiteradamente contra cualquier reanudación de las protestas, mientras proclaman una supuesta unidad nacional en torno a la República Islámica. Human Rights Watch documentó esta semana al menos 50 ejecuciones en los últimos cuatro meses por lo que la organización describió como cargos imprecisos vinculados a la seguridad nacional. La oficina de derechos humanos de la ONU, por su parte, cifra en al menos 24 las personas ejecutadas este año en relación directa con las protestas de enero.

Testigos citados por medios internacionales relataron que, en las horas previas a las ejecuciones de este martes, se instaló una horca de hierro en la plaza Alikhani bajo un fuerte despliegue de seguridad, y que se produjeron enfrentamientos breves entre agentes y personas congregadas en la zona durante la noche. La misión permanente de Irán ante Naciones Unidas en Ginebra no respondió a las solicitudes de comentario. Teherán ha negado en el pasado las acusaciones de abusos contra los presos condenados por delitos relacionados con las protestas.

Con diez condenados aún a la espera de su suerte en el caso Alikhani, la política de ejecuciones públicas se perfila como una herramienta deliberada del régimen para proyectar fuerza tras un conflicto que, pese a la muerte de su máximo líder, no logró quebrar su control interno.