
Dos agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) sostuvieron una reunión privada con Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, el presunto líder criminal capturado el pasado viernes en Sarapiquí, confirmó este martes el fiscal general de la República, Carlo Díaz.
El encuentro se realizó durante la mañana del lunes en el Primer Circuito Judicial de San José, horas antes de que se desarrollara la audiencia de solicitud de medidas cautelares contra Arias Monge.
Según explicó Díaz, la propia DEA autorizó informar públicamente sobre la reunión, luego de que surgieran cuestionamientos por el traslado del detenido desde el centro penitenciario La Reforma desde las primeras horas de la mañana, pese a que la audiencia estaba prevista para la tarde.
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De acuerdo con el jerarca del Ministerio Público, el objetivo principal de la conversación fue comunicarle a Arias Monge el interés de las autoridades estadounidenses de impulsar un eventual proceso de extradición por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico internacional y conocer cuál sería su posición frente a ese escenario.
“La DEA me ha permitido comentarles a ustedes que lo que se suscitó el lunes en la mañana fue una conversación de alias ‘Diablo’ con dos oficiales de la DEA”, indicó Díaz.
El fiscal aclaró que el encuentro fue completamente privado y que ningún funcionario del Ministerio Público ni de otra institución costarricense participó en la conversación.
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“No sé qué conversaron. Yo no estuve en esa reunión y no estuvo ningún funcionario del Ministerio Público. Solo los funcionarios de la DEA”, afirmó.

Díaz explicó que este tipo de diligencias forman parte de los procedimientos habituales cuando una persona detenida en Costa Rica es de interés para las autoridades estadounidenses por investigaciones de narcotráfico.
Aunque hasta el momento Estados Unidos no ha presentado una solicitud formal de extradición contra Arias Monge, el acercamiento evidencia que las autoridades de ese país ya iniciaron gestiones relacionadas con el caso.
El fiscal recordó que la DEA siguió un procedimiento similar con el exmagistrado Celso Gamboa y con Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, quienes posteriormente fueron requeridos por la justicia estadounidense para responder por presuntos delitos vinculados al tráfico internacional de drogas.
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Díaz sostuvo que la reunión también permite aclarar las dudas surgidas tras las declaraciones de la presidenta Laura Fernández, quien cuestionó públicamente por qué el traslado de Arias Monge se efectuó desde las 7:00 a. m. si la audiencia judicial estaba programada varias horas después.
Según el fiscal, el desplazamiento obedeció precisamente a la necesidad de facilitar el encuentro solicitado por la DEA y no respondió a ninguna irregularidad en el procedimiento.
El jerarca también defendió la forma en que se ejecutó el traslado tanto de Arias Monge como de Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, al asegurar que se aplicaron los protocolos de seguridad establecidos para privados de libertad considerados de alto riesgo.
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Asimismo, rechazó las críticas que han surgido sobre la denominada Operación Némesis, el despliegue policial que permitió la captura de alias “Diablo” el pasado 24 de julio.

Díaz aseguró que el operativo fue el resultado de meses de trabajo coordinado entre la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), descartando que el éxito de la intervención fuera producto de la casualidad.
La captura de Arias Monge fue considerada uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en Costa Rica en los últimos años. El presunto narcotraficante permanecía como uno de los hombres más buscados del país y sobre él pesaba una recompensa de 500,000 dólares ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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Por ahora, el proceso de extradición aún no ha comenzado formalmente. El siguiente paso dependerá de que las autoridades estadounidenses presenten la solicitud oficial ante Costa Rica. Una vez recibida, corresponderá a los tribunales nacionales analizarla y resolverla conforme al procedimiento establecido en la legislación vigente y al tratado bilateral de extradición entre ambos países.
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