Panamá deportó o expulsó a 367 extranjeros entre enero y abril de 2026, según cifras preliminares del Servicio Nacional de Migración actualizadas al 30 de abril.
Del total, 194 correspondieron a deportaciones y 173 a expulsiones, en medio de los controles migratorios aplicados por las autoridades por ingreso irregular, delitos relacionados con drogas, antecedentes penales, estadías vencidas y otros incumplimientos a la normativa migratoria.
El reporte oficial muestra que las deportaciones representaron el 53% de los casos registrados durante los primeros cuatro meses del año, mientras que las expulsiones concentraron el 47%. Enero fue el mes con mayor número de procedimientos, con 172 casos, seguido de abril con 83, marzo con 59 y febrero con 53.
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La principal causal fue ingresar al país en forma irregular, con 187 casos. Le siguieron los delitos contra la seguridad colectiva por tráfico o posesión de drogas, con 109 casos, y los antecedentes penales, con 42.
El informe también registra 12 procedimientos por estadía vencida, nueve por personas que habían sido deportadas e ingresaron nuevamente al país, siete por tráfico ilícito de migrantes y un caso agrupado en otras causales.

La composición por sexo muestra una amplia mayoría de hombres entre las personas removidas del territorio panameño. De los 367 casos reportados entre enero y abril, 304 correspondieron a hombres y 63 a mujeres. En términos porcentuales, los hombres representaron el 83% del total, frente al 17% de mujeres.
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Por nacionalidad, Colombia encabezó la lista con 199 ciudadanos deportados o expulsados en los primeros cuatro meses del año. Le siguieron Nicaragua, con 73 casos; Venezuela, con 26; Ecuador, con 14; México, con siete; y China, Bangladesh y El Salvador, con seis cada uno. República Dominicana registró cinco casos, Ghana tres y otros países sumaron 22.
Recientemente, el Servicio Nacional de Migración informó este martes la salida del país de dos ciudadanos señalados por su presunta integración o vinculación con la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua.
Ambos permanecían bajo custodia migratoria y fueron enviados a Venezuela en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras completarse los procedimientos legales y administrativos correspondientes.
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El Tren de Aragua es una estructura criminal surgida en Venezuela y considerada por distintos gobiernos de la región como una organización transnacional. Sus integrantes han sido vinculados con delitos como homicidio, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes, explotación sexual, narcotráfico y lavado de dinero.
Su expansión por América Latina ha llevado a varios países a reforzar controles migratorios y operativos de seguridad contra personas señaladas por presuntos nexos con esa red.
Al comparar los primeros cuatro meses de 2026 con el mismo período de 2025, las cifras muestran una reducción en el total de deportaciones y expulsiones. Entre enero y abril del año pasado se registraron 412 procedimientos migratorios, frente a los 367 contabilizados este año, una disminución de 45 casos, equivalente a 11%.
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Sin embargo, el comportamiento por tipo de medida fue distinto. Las deportaciones bajaron de 304 en los primeros cuatro meses de 2025 a 194 en igual período de 2026. En cambio, las expulsiones aumentaron de 108 a 173 casos, lo que representa un incremento de 60%.
Este cambio sugiere una mayor participación de medidas aplicadas por razones asociadas a seguridad, antecedentes o causales más graves frente a las deportaciones ordinarias.
El informe anual de 2025 registró 1,133 deportaciones y expulsiones en Panamá. De ese total, 906 fueron deportaciones y 227 expulsiones. En ese año, las deportaciones representaron el 80% de los casos y las expulsiones el 20%, una distribución distinta a la observada en los primeros cuatro meses de 2026, cuando las expulsiones ya representan casi la mitad del total.
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Durante todo 2025, el ingreso irregular al país fue la principal causal de deportación, con 857 casos. En las expulsiones, las causales incluyeron antecedentes penales, tráfico internacional de drogas, delitos contra la seguridad colectiva, cumplimiento de pena dolosa, delitos sexuales, robo agravado, posesión de armas, blanqueo de capitales, alerta de Interpol y un caso identificado como antecedente de terrorismo, según el informe oficial.
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