Panameños deberán esperar más tiempo para conocer informe final de la auditoria realizada a la mina de cobre, consultora pidió más tiempo

Los panameños tendrán que esperar más tiempo para conocer los resultados finales de la auditoría integral realizada al proyecto Mina de Cobre Panamá, luego de que la empresa SGS Panama Control Services Inc. solicitara una prórroga para entregar el informe definitivo al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Aunque el Gobierno había indicado previamente que el documento con los hallazgos finales estaría listo este 29 de mayo, MiAmbiente informó que la firma auditora pidió más tiempo para realizar verificaciones finales y compendiar los anexos correspondientes.

El comunicado oficial no precisa por cuánto tiempo se extenderá la entrega ni establece una nueva fecha para la divulgación pública del informe.

El documento es uno de los insumos más esperados dentro del debate sobre el futuro de Cobre Panamá, la mina operada por Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, cuya actividad permanece suspendida desde noviembre de 2023 tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato minero aprobado ese mismo año.

MiAmbiente señaló que el informe final presentará los resultados y hallazgos derivados del proceso de evaluación técnica, ambiental y operativa de la mina.

Una vez el documento sea recibido y culmine la revisión conforme a los procedimientos establecidos, será puesto a disposición pública, según indicó la entidad, como parte de su compromiso con la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.

La auditoría busca detectar incumplimientos, riesgos y debilidades estructurales mediante la comparación del desempeño del proyecto con el marco regulatorio vigente y con estándares internacionales vinculados a minería, sostenibilidad ambiental y buenas prácticas de gobernanza corporativa. El objetivo declarado es generar información técnica, objetiva y verificable que sirva de base para futuras decisiones del Estado.

La metodología aplicada por SGS tiene un enfoque integral y multidisciplinario, con revisión de componentes ambientales, jurídicos, laborales, fiscales, tributarios, técnicos y operativos. Esa estructura busca analizar cada área de manera coordinada y evaluar cómo las decisiones, omisiones o deficiencias detectadas podrían incidir en el desempeño general del proyecto minero.

La solicitud de prórroga se conoce después de la publicación del sexto informe mensual de la auditoría, correspondiente al período comprendido entre el 8 de marzo y el 8 de abril de 2026.

Ese documento confirmó que el proceso aún estaba en construcción y que el informe consolidado sería presentado en las siguientes semanas, pese a que previamente se había señalado que el cierre técnico estaría listo entre abril y mayo.

Uno de los puntos más relevantes del sexto informe fue que todavía no se había publicado el tomo que contendrá la evaluación definitiva sobre el nivel de cumplimiento de los 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III. SGS indicó que ese contenido sería incorporado posteriormente junto con el resumen ejecutivo y los anexos técnicos que consolidarán los resultados finales de la auditoría.

El quinto informe mensual, utilizado como referencia previa para medir el avance del proceso, había señalado que la auditoría acumulaba un avance de 84.83%. Sin embargo, también advertía que los hallazgos consolidados y la matriz definitiva de riesgos aún no estaban cerrados. Para ese momento, solo 147 de los 370 compromisos ambientales habían sido revisados completamente, mientras otros 223 seguían pendientes de validación documental y técnica.

Entre las observaciones más sensibles identificadas en los informes previos figuraba el potencial riesgo de drenaje ácido de rocas asociado al material mineralizado almacenado en el proyecto.

La auditoría advertía que millones de toneladas de roca extraída permanecían expuestas al agua, al aire y a las condiciones climáticas, lo que podría generar reacciones químicas capaces de elevar concentraciones de metales en aguas superficiales y subterráneas.

También se habían identificado debilidades en las medidas de biodiversidad y reforestación. Según los avances conocidos, las acciones de compensación ecológica se desarrollaban de manera fragmentada y sin una estrategia integral orientada específicamente a preservar el nivel de biodiversidad de la ecorregión impactada por el proyecto.

Además, se señalaba la ausencia de indicadores consolidados para medir recuperación funcional de ecosistemas, conectividad ecológica y estabilidad de poblaciones prioritarias.

Además, se señalaba la ausencia de indicadores consolidados para medir recuperación funcional de ecosistemas, conectividad ecológica y estabilidad de poblaciones prioritarias.

Otro frente observado estaba relacionado con la transparencia socioambiental. La auditoría indicaba que, para el período evaluado con corte a 2023, no se evidenciaba la publicación formal de reportes anuales de monitoreo socioambiental en los términos exigidos por algunos compromisos adquiridos por la empresa.

Aunque se reconocían actividades de comunicación y divulgación, el documento señalaba que estas no equivalían al cumplimiento integral de las obligaciones de transparencia.

El componente social también permanecía bajo revisión. SGS había advertido que aún no se evidenciaba la implementación completa de todos los planes de compensación previstos, aunque reconocía coordinación entre la empresa y entidades estatales como MIDES, MEDUCA, MINSA, MIDA e IDAAN.

La demora mantiene en suspenso uno de los expedientes más sensibles para el Gobierno de José Raúl Mulino. La mina fue durante años uno de los principales motores de exportación del país y llegó a representar cerca del 5% del Producto Interno Bruto, pero su cierre también dejó un fuerte debate ambiental, jurídico y político tras las protestas masivas de 2023.

Por ahora, el Ejecutivo no ha definido públicamente cuál será la salida jurídica para el proyecto en caso de que decida avanzar hacia una reapertura, aunque Mulino ha reiterado que no impulsaría un nuevo contrato ley ante la Asamblea Nacional. La auditoría final de SGS será una pieza clave para ese debate, pero su entrega vuelve a quedar pendiente.