El gobierno de Panamá creó un nuevo Régimen Especial y Temporal de Tránsito para ciudadanos de países hispanohablantes del continente americano incluidos en programas de cooperación de repatriación internacional, en medio de un escenario marcado por la crisis migratoria que durante los últimos años convirtió a la selva del Darién en uno de los principales corredores migratorios del continente.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No. 8 del 13 de mayo de 2026, firmado por el presidente José Raúl Mulino y el ministro de Seguridad, Frank Alexis Ábrego.
La decisión surge después de años de presión migratoria sobre Panamá, especialmente tras el incremento masivo de personas que cruzaron el Tapón del Darién rumbo a Estados Unidos.
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Desde 2021, cientos de miles de migrantes atravesaron la peligrosa selva fronteriza entre Panamá y Colombia, incluyendo venezolanos, ecuatorianos, haitianos y ciudadanos de otras nacionalidades que buscaban llegar al norte del continente.
La crisis obligó al Estado panameño a desplegar operativos humanitarios, controles de seguridad y centros temporales de atención migratoria.
Aunque el flujo migratorio disminuyó significativamente en 2025 y 2026 tras el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y el cierre de varias rutas irregulares en Centroamérica, Panamá continuó enfrentando nuevos desafíos asociados al retorno de migrantes deportados o repatriados desde distintos países del continente.
En las últimas semanas incluso se ha observado en sectores de la capital panameña a ciudadanos migrantes realizando actividades informales o solicitando ayuda económica para regresar a sus países de origen.
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El nuevo régimen busca precisamente establecer un mecanismo temporal para ordenar esos procesos de tránsito y cooperación internacional.
Según el decreto, el programa será aplicable exclusivamente a nacionales de países hispanohablantes del continente americano con los que Panamá haya suscrito acuerdos de cooperación de repatriación internacional.
El documento establece que el régimen no crea derechos migratorios permanentes ni abre la puerta a procesos automáticos de regularización.
De hecho, uno de los puntos más sensibles del decreto es que Panamá deja explícitamente establecido que no será reconocido como país de destino ni como “tercer país seguro” para los beneficiarios del programa.
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La normativa señala además que las personas incluidas dentro de este régimen podrán permanecer temporalmente en territorio panameño por un período de hasta 30 días prorrogables, mientras se concreta su salida hacia el país de origen o hacia otro destino autorizado dentro de los protocolos internacionales establecidos.
Entre los requisitos definidos por el decreto aparecen ser mayor de edad, no poseer antecedentes penales conocidos, ingresar formalmente al país y contar con un itinerario de salida dentro del plazo establecido. También se excluye expresamente a mujeres en estado de gestación.
El gobierno sostiene que el régimen busca garantizar condiciones mínimas de trato digno, alimentación, asistencia médica básica e información clara sobre la situación migratoria de las personas que entren dentro del programa.
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El decreto indica además que los migrantes podrán movilizarse únicamente dentro de áreas previamente designadas por las autoridades migratorias y deberán cumplir comparecencias administrativas cuando sean requeridas.
La creación de este régimen ocurre después de uno de los períodos migratorios más complejos en la historia reciente de Panamá. Durante el pico de la crisis en el Darién, organismos internacionales alertaron sobre el aumento de muertes, desapariciones, abusos sexuales, trata de personas y presencia de redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes dentro de la selva.
Las autoridades panameñas defendieron durante esos años que el país enfrentaba una crisis regional que superaba sus capacidades operativas y presupuestarias. Panamá tuvo que destinar recursos a estaciones migratorias, asistencia sanitaria, transporte humanitario y operativos de seguridad en áreas fronterizas, mientras aumentaba la presión diplomática de Estados Unidos y otros gobiernos de la región para contener los flujos irregulares.
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El decreto también establece que organismos internacionales de derechos humanos podrán participar en la coordinación de traslados, asistencia humanitaria y aceptación de destinos de retorno de los migrantes incluidos en el programa.
Además, el Ministerio de Seguridad, a través del Servicio Nacional de Migración, será la entidad encargada de ejecutar y supervisar la aplicación de la nueva normativa.
La medida tendrá una vigencia inicial de un año, aunque podrá ser prorrogada mientras persista el interés nacional, según establece el propio decreto ejecutivo.
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