La activista Claudia Pineda pide no normalizar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua

La activista nicaragüense exiliada Claudia Pineda pidió este sábado no normalizar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, al advertir que la represión estatal abierta desde 2018 incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y muertes bajo custodia, con al menos cuatro presos políticos fallecidos en el último año.

Entre los datos más graves expuestos por la directora ejecutiva de la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ), con sede en Costa Rica, figura que 23 de al menos 60 opositores y críticos que siguen encarcelados están en condición de desaparición forzada. Según explicó, el Estado no informa su paradero ni reconoce su situación dentro del sistema penitenciario.

En una conferencia virtual, citada por EFE, Pineda sostuvo que “las organizaciones de derechos humanos queremos insistir en que lo que pasa en Nicaragua no es normal. No podemos normalizar las graves violaciones a derechos humanos que están ocurriendo”.

La denuncia incluye cuatro muertes bajo custodia estatal en un año

Pineda recordó que en el último año murieron bajo custodia del Estado los opositores Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Cepeda, una persona no identificada y el exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera. Para la activista, esos casos representan la consecuencia más extrema de un sistema sostenido de incomunicación, desaparición y falta de atención médica.

“La peor de las consecuencias y de la desaparición forzada son las muertes bajo custodia estatal, todas precedidas por desapariciones, incomunicación y falta de atención médica”, afirmó. Añadió que la muerte de una persona detenida compromete de forma directa la responsabilidad del Estado, que está obligado a proteger su vida.

La socióloga describió el mecanismo represivo como “un entramado amplio de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, vigilancia y muerte bajo custodia del Estado”. A su juicio, cualquier persona que sea percibida como un riesgo para el Gobierno de los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo “es detenida, desaparecida y en algunos casos, que ya hemos constatado, asesinada”.

La prisión política opera sin garantías judiciales, según la activista

Pineda señaló que la prisión política funciona como un instrumento de criminalización contra cualquier disidencia real o percibida. Detalló que las capturas de disidentes y críticos se ejecutan sin orden judicial, mediante allanamientos irregulares y con participación de fuerzas policiales y parapoliciales.

Una vez detenidas, dijo, las personas quedan incomunicadas, sin acceso a defensa ni información sobre su situación jurídica, y son sometidas a procesos sin garantías. Esa práctica, sostuvo, no solo busca quebrar a la persona arrestada, sino también intimidar a su familia y a su comunidad.

Sobre los 23 detenidos en desaparición forzada, advirtió que la opacidad los coloca en un riesgo extremo de tortura, negligencia médica y muerte. La activista explicó que el Estado no los reconoce en los sistemas penitenciarios, no entrega informes médicos, no permite visitas, no admite recursos legales y tampoco ofrece datos sobre su situación física o legal.

“Afirmamos que la desaparición forzada ha sido una práctica sistemática, no es un fenómeno aislado”, sostuvo Pineda. De acuerdo con la activista, esa conducta encaja en violaciones graves del derecho internacional, incluidas la Convención contra la Tortura y la Convención contra las Desapariciones Forzadas.

El cuadro que describió se inscribe en una política represiva que, desde las protestas sociales de 2018, se extendió sobre activistas, opositores y ciudadanos con destierro forzado, anulación de nacionalidad, confiscación de bienes y eliminación de registros oficiales. La persecución también alcanzó a sacerdotes, seminaristas y fieles, con detenciones, asedio en templos y expulsiones del país.

Ese cierre del espacio cívico incluyó además la clausura forzosa de más de 5.000 organizaciones no gubernamentales, entre ellas asociaciones médicas, organismos de derechos humanos y colectivos de mujeres. Según la información difundida por EFE, las denuncias sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas en centros penitenciarios nicaragüenses también han sido sostenidas por organismos de derechos humanos y la Organización de las Naciones Unidas.