Asamblea panameña impulsa ley que obligaría a elevar inversión estatal y frenar gasto corriente

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 502, una iniciativa que introduce cambios estructurales al manejo del Presupuesto General del Estado con el objetivo de reducir la discrecionalidad, fortalecer la disciplina fiscal y establecer reglas más estrictas sobre el uso de los recursos públicos en Panamá.

El proyecto, impulsado por el diputado Eduardo Gaitán, plantea una reforma integral al sistema presupuestario, al establecer un marco normativo que regula la formulación, ejecución y control del gasto público, con énfasis en la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas, en un contexto donde se busca mejorar la calidad institucional y la confianza ciudadana en la gestión fiscal.

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de un piso mínimo de inversión pública, que obliga al Gobierno Central a destinar al menos el 20% del gasto primario a inversión, con una meta de aumento progresivo hasta el 25% en un plazo de cinco años, lo que busca reorientar el gasto hacia proyectos de infraestructura, desarrollo económico y capital humano, en lugar de priorizar el gasto corriente.

En paralelo, la iniciativa establece un límite al crecimiento del gasto corriente, el cual no podrá superar el crecimiento real del PIB potencial, una medida que apunta a contener el aumento de la planilla estatal y otros gastos operativos, evitando presiones adicionales sobre el déficit fiscal y promoviendo una mayor sostenibilidad financiera a mediano plazo.

Otro de los ejes centrales del proyecto es la regulación de subsidios, al fijar un límite global del 20% del gasto primario para subsidios y transferencias corrientes, además de exigir que cualquier nuevo subsidio tenga objetivos claros, duración definida, mecanismos de focalización y evaluaciones periódicas, lo que busca eliminar programas ineficientes o que no generen impacto comprobable.

La propuesta también introduce controles sobre el gasto tributario, es decir, los beneficios fiscales como exoneraciones o incentivos, estableciendo que su costo no podrá superar el 6% del PIB, salvo en situaciones excepcionales, además de exigir estudios de impacto, plazos definidos y cláusulas de caducidad, con el fin de evitar pérdidas de ingresos sin justificación económica.

En materia de endeudamiento público, el proyecto establece principios más estrictos al prohibir el uso de deuda para financiar planilla o gastos corrientes, salvo en casos de emergencia nacional, y obliga a vincular el financiamiento con proyectos de inversión productiva, reforzando la idea de que el endeudamiento debe generar retorno económico y no cubrir gastos operativos del Estado.

Asimismo, se establecen reglas más rigurosas para las modificaciones presupuestarias, incluyendo la obligación de presentar un informe técnico detallado que justifique cualquier cambio, identifique su impacto fiscal y garantice la trazabilidad de los recursos, con el fin de evitar ajustes discrecionales que alteren la composición del gasto aprobado por la Asamblea.

El proyecto también introduce límites a las partidas discrecionales, fijando topes porcentuales y restringiendo su uso a situaciones específicas como emergencias de salud, desastres o apoyo social focalizado, además de exigir la publicación periódica de su ejecución, en un intento por cerrar espacios a posibles usos indebidos de fondos públicos.

En términos de ejecución, la iniciativa establece que las entidades deberán alcanzar al menos un 85% de ejecución en inversión pública, y contempla sanciones administrativas en caso de incumplimiento reiterado, incluyendo reducciones presupuestarias y comparecencias ante la Asamblea, lo que introduce un elemento de presión institucional para mejorar la eficiencia del gasto.

Finalmente, la propuesta incorpora mecanismos de transparencia y participación, como la creación del Presupuesto Ciudadano y la obligación de publicar información en datos abiertos, además de incluir a la sociedad civil en el proceso de formulación presupuestaria, con el objetivo de fortalecer el control social y mejorar la comprensión pública del uso de los recursos del Estado.

Analistas políticos advierten que, de aprobarse el proyecto en el pleno, podrían generarse choques entre el Órgano Legislativo y el Ejecutivo, especialmente por el establecimiento de reglas rígidas sobre la asignación del gasto. Señalan que la actual administración ya ha manifestado su inconformidad con normas que fijan porcentajes obligatorios del presupuesto o del PIB para sectores específicos, como ocurre con la educación, al considerar que este tipo de disposiciones limita la flexibilidad fiscal y la capacidad de respuesta ante cambios en el entorno económico.