Presidente de Panamá pide a contralor y procurador arreglar sus diferencias

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se refirió a la controversia entre la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, en medio de cuestionamientos por la actuación de auditores en una diligencia judicial interrumpida.

El mandatario sostuvo que se trata de un tema que debe resolverse respetando la independencia de los poderes del Estado, y reiteró que el Órgano Ejecutivo no intervendrá en conflictos entre instituciones encargadas de la investigación penal y la fiscalización pública.

“Soy un hombre de derecho y creo en la independencia de los poderes”, afirmó Mulino, quien además confirmó que conversó por separado con el procurador general, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, y el contralor general, Anel Flores, a quienes pidió que resolvieran sus diferencias dentro del marco institucional.

El presidente insistió en que ambas autoridades tienen responsabilidades definidas y que corresponde a ellas manejar la situación con criterio técnico y respeto a la ley.

Mulino defendió el rol de ambas figuras, pero también marcó distancia frente a la polémica. Señaló que tanto el procurador como el contralor son funcionarios necesarios para el país, con competencias delimitadas en la Constitución.

En esa línea, respaldó la gestión del contralor al indicar que ha desarrollado cerca de 200 auditorías y que su trabajo apunta a ordenar las cuentas públicas, identificar irregularidades y documentar el uso de recursos del Estado.

El presidente también destacó que su administración ha presentado más de 350 denuncias penales por irregularidades detectadas, pero subrayó que la responsabilidad de investigar recae exclusivamente en el Ministerio Público.

“El pueblo necesita respuestas de las autoridades competentes”, afirmó, dejando claro que ni el Ejecutivo ni su persona intervienen en los procesos, y que las decisiones corresponden a las instancias encargadas de la persecución penal.

El conflicto entre ambas instituciones se originó tras la interrupción de una diligencia en la Fiscalía Superior Anticorrupción, relacionada con una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo.

Según lo informado, auditores de la Contraloría habrían ingresado durante el desarrollo de entrevistas a funcionarios vinculados al caso, lo que impidió completar la actuación prevista por el Ministerio Público.

Este hecho generó reacciones inmediatas de gremios y organizaciones civiles, que cuestionaron la actuación de la Contraloría dentro de una diligencia penal.

El Colegio Nacional de Abogados advirtió que este tipo de intervenciones puede afectar la separación de funciones y comprometer la legalidad de los procesos, mientras que la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana señaló que se trata de una situación que podría debilitar la confianza en el sistema de justicia.

Ante lo ocurrido, la Procuraduría confirmó la apertura de una investigación penal para esclarecer la interrupción de la diligencia y determinar posibles responsabilidades.

La entidad indicó que los auditores involucrados estaban siendo requeridos como parte del proceso, lo que los convierte en actores relevantes dentro de la investigación, y reiteró su compromiso de continuar con las diligencias de manera independiente, objetiva y apegada al debido proceso.

Mulino, por su parte, rechazó cualquier insinuación de persecución política desde el Ejecutivo. “Nadie puede levantar el dedo y decir que el presidente está persiguiendo a alguien”, expresó, al tiempo que sostuvo que quienes enfrentan procesos lo hacen por sus propios actos.

En ese contexto, reiteró que su gobierno ha sido respetuoso de la institucionalidad y que no interfiere en investigaciones en curso.

No obstante, el mandatario reconoció que existe una percepción de impunidad y selectividad en el país, especialmente en casos que involucran a funcionarios de distintos gobiernos.

“Todo debe ser investigado y juzgado a tiempo, sin abusos ni complicidades”, afirmó, al insistir en la necesidad de que los procesos avancen con mayor celeridad y sin distinciones basadas en el periodo en que ocurrieron los hechos.

El episodio ocurre en un contexto en el que no es la primera vez que se registran diferencias entre el contralor Anel Flores y el procurador Luis Carlos Manuel Gómez Rudy desde que asumieron sus cargos.

Las discrepancias han girado en torno al alcance de las auditorías, su uso dentro de procesos penales y los límites de cada institución en la lucha contra la corrupción, lo que ha evidenciado tensiones sobre la coordinación interinstitucional.

En este escenario, el caso se convierte en un nuevo punto de fricción dentro del aparato estatal, en momentos en que la lucha contra la corrupción y la credibilidad de las instituciones se mantienen en el centro del debate público. El desarrollo de las investigaciones y la forma en que se resuelva este conflicto marcarán el rumbo de la relación entre ambas entidades en el corto plazo.