Reiteran prohibición de venta informal en la Calzada de Amador, polo turístico panameño

La Calzada de Amador, uno de los principales puntos turísticos de la ciudad de Panamá, vuelve a estar en el centro del debate tras la advertencia de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) sobre la prohibición de la venta informal de alimentos y bebidas en aceras, parques y espacios públicos del área.

La entidad recordó que esta práctica no está permitida bajo el Decreto Ejecutivo N. 40 de 30 de septiembre de 2025, que regula el uso del proyecto turístico, en un intento por ordenar la actividad comercial en una de las zonas más visitadas del país.

La UABR insistió en que la normativa es clara y no admite interpretaciones, ya que prohíbe cualquier tipo de actividad comercial en áreas no concesionadas, incluyendo estructuras móviles utilizadas para la venta de productos.

Según la entidad, estas prácticas no solo son ilegales, sino que también generan una competencia desleal frente a los negocios establecidos que cumplen con sus obligaciones, como el pago de alquileres al Estado, permisos sanitarios y requisitos de seguridad.

El crecimiento de la actividad informal en Amador no es un fenómeno reciente. En los últimos años, el aumento en la afluencia de visitantes locales y extranjeros ha impulsado la presencia de vendedores ambulantes que buscan aprovechar el flujo de personas.

Sin embargo, esta expansión ha generado tensiones con los comercios formales, que operan dentro de un esquema regulado y que, según empresarios del área, ven afectadas sus ventas por la presencia de puntos de venta no autorizados.

La Calzada de Amador, también conocida como el Causeway, es una vía de aproximadamente 6 kilómetros de extensión que conecta la ciudad con las islas de Naos, Perico y Flamenco.

Su origen se remonta a la construcción del Canal de Panamá a inicios del siglo XX, cuando fue levantada con material extraído durante las excavaciones del canal. Esta obra fue desarrollada bajo la administración de Estados Unidos, como parte de la infraestructura estratégica del proyecto canalero.

Con el paso del tiempo, Amador se transformó en un espacio recreativo y turístico clave, con restaurantes, marinas, áreas para caminar y ciclovías, además de vistas directas al Canal de Panamá y al Pacífico.

Su ubicación privilegiada y su cercanía al centro de la ciudad la han convertido en un punto de encuentro para turistas, familias y actividades comerciales, lo que explica en parte el atractivo que representa para la actividad informal.

Actualmente, los comerciantes formales que operan en la zona han manifestado su malestar por la persistencia de vendedores ambulantes, señalando que estos ocupan espacios públicos sin autorización y sin asumir los costos que implica operar legalmente.

De acuerdo con la UABR, estos negocios establecidos deben cumplir con el pago de cánones al Estado, además de regulaciones sanitarias y de seguridad, lo que, según indican, los coloca en desventaja frente a quienes operan al margen de la ley.

Las autoridades han señalado que, a pesar de las advertencias realizadas durante casi dos años, la práctica continúa. Incluso, se ha identificado que algunos comerciantes informales mantienen múltiples puntos de venta simultáneos, tanto en Amador como en otras zonas de la ciudad.

Esta situación ha llevado a intensificar los operativos de fiscalización y a reiterar los llamados a trasladar estas actividades a espacios donde sí están permitidas.

La UABR también aclaró que no ha emitido permisos para la instalación de microempresarios que vendan alimentos o bebidas en áreas no contempladas dentro del Plan Maestro de Amador, incluyendo aceras, parques y áreas recreativas.

La entidad hizo énfasis en que existe una diferencia entre la buhonería de artesanías panameñas, permitida bajo condiciones específicas, y la venta informal de productos alimenticios, que sí está prohibida en esos espacios.

Además, las autoridades han advertido sobre la existencia de personas que, al margen de la ley, cobran a vendedores informales bajo supuestas promesas de representación o permisos inexistentes. Esta situación ha sido catalogada como una práctica irregular que agrava el problema y expone a quienes participan en ella a sanciones administrativas.

Pese a las restricciones, la UABR asegura que se han ofrecido alternativas de formalización en espacios autorizados; sin embargo, estas opciones han sido rechazadas en múltiples ocasiones por quienes insisten en operar en áreas no permitidas.

La entidad reiteró su llamado a cesar estas actividades y subrayó que la normativa busca proteger tanto el orden urbano como la actividad económica formal en una de las zonas más emblemáticas del país.

En este contexto, la Calzada de Amador se convierte en un reflejo de un desafío más amplio: equilibrar el dinamismo turístico, la generación de ingresos y el cumplimiento de la normativa. Mientras la afluencia de visitantes continúa impulsando oportunidades económicas, el reto para las autoridades será garantizar que ese crecimiento se dé dentro de un marco de legalidad, orden y sostenibilidad.