Panamá aprueba ley para sacar el foam convencional y abrir paso al biodegradable

Panamá dio un paso clave en materia ambiental e industrial tras la aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley 544, una iniciativa que no solo plantea la eliminación progresiva del poliestireno convencional en envases de alimentos, sino que también abre la puerta a la importación, producción y transformación de poliestireno biodegradable certificado.

El enfoque de la propuesta combina restricción y transición, con el objetivo de reducir la contaminación sin frenar la actividad económica ni la cadena de abastecimiento.

El proyecto establece un marco normativo técnico y verificable que redefine el tratamiento del poliestireno en Panamá. A diferencia de modelos basados únicamente en prohibiciones, la ley busca impulsar una reconversión industrial progresiva, permitiendo que empresas continúen operando mientras migran hacia materiales que cumplan con estándares de biodegradabilidad, reciclabilidad o compostabilidad. Este diseño intenta evitar impactos negativos en precios, empleo y competitividad.

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación gradual del poliestireno expandido (EPS) y extruido (XPS) convencional en el sector de alimentos, especialmente en productos de un solo uso como vasos, platos, bandejas y envases térmicos.

Sin embargo, la ley no prohíbe el material en sí, sino su versión no adaptada a criterios ambientales, permitiendo el uso de alternativas que acrediten certificaciones técnicas bajo normas internacionales y cumplan requisitos sanitarios.

En paralelo, la norma crea un entorno para facilitar la importación de resinas, aditivos y productos biodegradables, incluyendo esquemas como la aditivación en sitio, que permitirá a las empresas transformar el poliestireno en materiales con desempeño ambiental mejorado.

Este componente busca incentivar la inversión y el desarrollo tecnológico, alineando a Panamá con modelos de economía circular y estándares internacionales de producción.

La diferencia entre el poliestireno convencional y el biodegradable radica en su composición y comportamiento ambiental. El primero, utilizado de forma masiva en envases de alimentos, es un material derivado del petróleo que no se degrada de manera natural, lo que le permite permanecer durante años en el ambiente si no es gestionado adecuadamente.

En cambio, el poliestireno biodegradable incorpora aditivos o procesos que permiten su descomposición bajo condiciones específicas, como entornos controlados de compostaje o digestión, transformándose en componentes como agua, dióxido de carbono y biomasa.

Sin embargo, esta degradación no ocurre automáticamente en cualquier entorno, sino que depende de condiciones técnicas verificables, lo que hace clave su certificación y control para garantizar que realmente cumpla con su función ambiental.

Para lograr esta transición, el proyecto establece un periodo de adaptación de hasta 48 meses, dividido en etapas que van desde la preparación normativa hasta la eliminación definitiva de productos no conformes.

Durante este tiempo, se permitirá el uso de inventarios existentes y la adaptación de procesos productivos, con el fin de garantizar la continuidad del mercado y evitar disrupciones abruptas en la cadena de suministro.

El marco también introduce el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que obliga a fabricantes e importadores a participar en la gestión de residuos posconsumo, incluyendo recolección, reciclaje y trazabilidad de los materiales.

A esto se suma la implementación de sistemas de monitoreo, reporte y verificación, que permitirán medir el cumplimiento de metas ambientales y evitar prácticas engañosas en la comercialización de productos.

En términos regulatorios, la ley establece que, una vez concluido el periodo de transición, quedará prohibida la fabricación, importación y comercialización de productos que no cumplan con los criterios técnicos definidos.

Aunque el enfoque principal es la adaptación progresiva, también se contemplan mecanismos de fiscalización y control, con posibles sanciones para quienes incumplan las disposiciones establecidas en la normativa.

La propuesta se sustenta en un contexto donde los datos reflejan un problema estructural en la gestión de residuos. En Panamá, cada persona genera en promedio 17.2 toneladas de desechos a lo largo de su vida, de los cuales cerca del 50% podría reciclarse, pero aproximadamente el 95% no se aprovecha.

Dentro de ese universo, el plástico representa un 12%, y la gran mayoría no se gestiona adecuadamente, lo que termina impactando ríos, mares y áreas verdes.

Aunque el poliestireno expandido y extruido representa solo el 3.2% del plástico importado, su impacto ambiental es altamente visible debido a su ligereza y capacidad de dispersión, lo que lo convierte en uno de los residuos más persistentes en el entorno. Esta condición ha sido uno de los factores determinantes para su regulación dentro de la nueva ley.

El proyecto también advierte que una prohibición sin planificación puede generar efectos contraproducentes, como el aumento de costos logísticos o la sustitución por materiales con mayor huella ambiental. Por ello, la iniciativa apuesta por una transición técnica controlada, que permita evaluar alternativas, proteger el empleo y garantizar que los beneficios ambientales sean reales y medibles.

Con la aprobación en tercer debate, el proyecto pasa ahora al Órgano Ejecutivo, donde será evaluado por la Presidencia de la República para su sanción o veto. De recibir el visto bueno, la norma entraría en vigencia conforme a los plazos establecidos, marcando un punto de inflexión en la forma en que Panamá regula el uso de plásticos y gestiona sus residuos.