Gobierno panameño autoriza remover el material que se encuentra en la clausurada mina de cobre de Donoso

Una resolución emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias autorizó la remoción del material que aún se encuentra en la clausurada mina de cobre ubicada en Donoso, provincia de Colón, cuya exposición a condiciones climáticas representa, según las autoridades, un riesgo real de generar drenaje ácido y afectar el suelo y las fuentes de agua, de no ser manejado de forma adecuada.

La minera canadiense First Quantum Minerals reportó que en Cobre Panamá mantiene almacenadas alrededor de 38 millones de toneladas de roca mineralizada, extraída antes de la suspensión de operaciones.

A partir de ese material, la compañía estima que podrían producirse unas 70,000 toneladas de cobre, un volumen que, valorado a precios recientes del metal, equivaldría a cerca de $892 millones en concentrado, aunque el monto final dependerá del precio efectivo de venta y de las condiciones de comercialización al momento de exportar.

La decisión gubernamental se basó en evaluaciones técnicas, ambientales y legales que identificaron riesgos, sustentadas en los resultados de la auditoría integral independiente realizada en el área, de acuerdo con las autoridades.

En el aspecto legal, para tomar la medida, el comunicado oficial manifiesta que se basaron en el artículo 115 del Código de Recursos Minerales, el Decreto Ejecutivo No. 5 de 1 de abril de 2026, en la Resolución 45 de 2025 del Ministerio de Comercio e Industrias, así como en el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) de la mina Cobre Panamá y su Anexo Técnico.

Esta medida habilita a la empresa Minera Panamá, S.A., a ejecutar un proceso estrictamente controlado de procesamiento de material que yace en la mina, y remoción y traslado del material resultante fuera del país, como acción puntual de eliminación de condiciones peligrosas identificadas mediante las evaluaciones técnicas.

En consecuencia, indica la resolución ministerial, se ha dispuesto la implementación de acciones específicas para garantizar el manejo seguro de estos materiales, bajo criterios técnicos, ambientales y de seguridad claramente definidos.

La empresa será responsable de cubrir en su totalidad todos los costos y gastos asociados a la ejecución de las actividades establecidas en la resolución, sin que esto represente erogación alguna para el Estado.

Asimismo, y en línea con lo aplicado en 2025, una vez se obtenga el concentrado de cobre en condiciones de ser comercializado, este estará sujeto al pago de las regalías correspondientes sobre el producto exportado.

El documento oficial manifiesta que es importante reiterar que esta decisión no implica la reactivación de la mina, sino que corresponde a una medida preventiva y controlada para evitar daños al ambiente y garantizar la estabilidad del área.

El proceso contará con la supervisión permanente del Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Ambiente y demás entidades competentes, asegurando el cumplimiento riguroso de la normativa vigente y de las obligaciones de seguimiento e informes que se establecen en la resolución.

Hasta la paralización de labores, Cobre Panamá fue uno de los proyectos mineros más relevantes del hemisferio occidental por escala de producción y por su peso en la economía panameña.

Su “último año completo” de operación, en 2022, cerró con ingresos atribuidos a la unidad de Cobre Panamá por $2,959 millones, según los estados financieros consolidados de la empresa.

En 2023, año en que las operaciones se interrumpieron, la cifra bajó a $2,513 millones, diferencia refleja el impacto de una operación parcialmente afectada por la crisis social y regulatoria que derivó en el cierre, y que desde entonces mantiene a la mina bajo un esquema de mantenimiento y control para evitar deterioros mayores del sitio.