La Fiscalía de Bolivia ordenó la detención del exministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, por presuntas irregularidades vinculadas a la importación y comercialización de gasolina adulterada, en el caso conocido como “gasolina basura”.
La medida, dispuesta por el fiscal anticorrupción David Torrez, se emitió después de que una comisión especial de la Cámara de Diputados identificó a Medinaceli como uno de los principales responsables en la distribución de combustible dañado que afectó a miles de vehículos en todo el país.
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La causa penal, denominada “gasolina basura” o “gasolina desestabilizada”, investiga la importación y distribución de carburante de baja calidad, un hecho que provocó daños en los motores de más de 70.000 vehículos, según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Las denuncias de propietarios se multiplicaron desde finales de enero, cuando usuarios reportaron fallas mecánicas tras abastecerse en estaciones de servicio de distintas ciudades del país.
El impacto económico y social de la crisis alcanzó dimensiones considerables. Además de los altos costos de reparación que debieron asumir los afectados, el Estado boliviano enfrentó un perjuicio millonario y el Gobierno se vio obligado a responder bajo presión social. En medio de las protestas de conductores de transporte público, el Ejecutivo suspendió a comienzos de abril los contratos de suministro de gasolina firmados con las comercializadoras internacionales Vitol y Trafigura, alegando problemas de calidad en el producto importado.
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La crisis escaló a tal punto que el presidente Rodrigo Paz cesó a Medinaceli solo horas después de la renuncia de la entonces presidenta de YPFB, Claudia Cronenbold.
La orden de arresto se dio a conocer públicamente el martes, y el caso se inscribe en una coyuntura especialmente delicada para el país, que enfrenta dificultades adicionales con el abastecimiento de diésel.
Las autoridades explicaron que una “mano negra” en la mezcla de carburantes desembocó en la destitución de unos 300 empleados de diferentes áreas del sector energético. Durante el periodo de Medinaceli en la administración de Rodrigo Paz, la distribución de gasolina sospechosa de estar adulterada se autorizó a pesar de advertencias previas de la ANH.
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El diputado Carlos Alarcón, del partido opositor Alianza Unidad, señaló que la comisión investigadora también puso la mira sobre otros exfuncionarios y autoridades que participaron en los procesos de adquisición e importación.
La crisis de los combustibles en Bolivia se agravó por los persistentes problemas de abastecimiento de diésel, situación que provocó reclamos del sector productivo y prolongados cortes de ruta entre mayo y junio. La normalización del suministro quedó pendiente y se convirtió en otro frente de tensión para el gobierno, que buscó retomar el control del sistema energético tras la ola de protestas.
Mientras tanto, la agenda política boliviana mantuvo el foco en la cooperación regional. El presidente Rodrigo Paz se reunió en Lima con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, donde ambos mandatarios dialogaron sobre la integración fronteriza y el aprovechamiento del puerto de Ilo como alternativa logística.
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El canciller boliviano, Fernando Aramayo, destacó la intención de instalar un gabinete binacional en el corto plazo y fortalecer proyectos conjuntos, en medio de los desafíos internos que enfrenta Bolivia por la crisis energética.
(Con información de Europa Press y El Deber)
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