El Congreso de Guatemala aprobó este miércoles 29 de julio una reforma a la ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) que elimina ese tributo para las viviendas, pero mantiene el cobro para inmuebles comerciales, abriendo un nuevo frente por el impacto que puede tener en las finanzas municipales.
La votación salió adelante con 121 votos a favor, 25 en contra y 14 diputados ausentes. Ahora, el decreto será remitido al presidente Bernardo Arévalo quien deberá decidir si lo mantiene o lo veta.
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La reforma suprime el cobro del Impuesto Único sobre Inmuebles para los bienes destinados a vivienda, de uso residencial y mixto. Para los inmuebles de uso comercial, la norma fija una tarifa diferenciada de 3, 6 y 9 por millar, de acuerdo con el valor inscrito del bien.
El pleno conoció la iniciativa mediante una moción privilegiada, pese a que la agenda de la sesión incluía más de 18 propuestas. Los diputados aprobaron primero las reformas en tercer debate y después discutieron varias enmiendas, en una jornada que se prolongó por más de una hora.
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El cambio final dejó una escala para inmuebles comerciales
La redacción inicial planteaba que las viviendas residenciales y de uso mixto pagarán cero por millar.
En un cambio de última hora, los diputados aprobaron con 111 votos un cobro escalonado, pero dejó intacta la exención total para vivienda, alterando únicamente el mecanismo de cobro para propiedades comerciales.
Durante la discusión también aparecieron posturas enfrentadas sobre el sentido del impuesto. Algunos legisladores defendieron la reforma con el argumento de que el IUSI grava la propiedad del bien sin medir la capacidad económica real del contribuyente, presume que todos los propietarios pueden pagar y aplica el mismo cobro a situaciones distintas, lo que a su juicio puede generar desigualdad y afectar bienes esenciales como la vivienda.
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El debate enfrentó alivio tributario y temor por los ingresos municipales
La discusión no quedó limitada al pleno. Los alcaldes y diputados chocaron por los efectos de una reducción drástica o la eliminación del impuesto, ya que autoridades municipales advirtieron que una medida de ese tipo afectaría de forma directa los ingresos destinados a servicios, infraestructura y funcionamiento de las comunas.
La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) sostuvo que la ley necesita actualizarse después de casi 30 años de vigencia, pero alertó que eliminar el tributo podría comprometer las finanzas de las municipalidades. Esa advertencia se sumó a las críticas de sectores que consideran que el cambio reducirá una fuente clave de financiamiento local.
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Durante las horas previas a la votación, hubo intentos de construir consensos entre bloques con posiciones divididas. Algunos promovían una rebaja del pago y otros buscaban su eliminación completa para vivienda.
“La autonomía municipal carece de sentido sin autonomía financiera”, sentenció la ANAM, a través de un comunicado con el pretendió disuadir a los diputados.
Los alcaldes manifestaron que no es una casualidad que los municipios que tenían un mayor ingreso de IUSI eran aquellos con mayor inversión en obra pública. No obstante, los diputados hicieron caso omiso.
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