La policía de Guyana presentó cargos de asesinato contra el capitán y dos miembros de la tripulación del ferry estatal MV Barima, que se hundió el 18 de julio en aguas del Atlántico durante su trayecto entre Georgetown y Port Kaituma. El hecho provocó la muerte de más de 70 personas y dejó a otras 30 desaparecidas.
El capitán Kevin Price, el primer oficial Rondell Dwayne Roberts y el superintendente de carga Delon Granderson comparecieron ante un tribunal en la capital, donde quedaron bajo prisión preventiva a la espera de una próxima audiencia fijada para el 3 de agosto en la región de Essequibo, cerca de los restos del naufragio. Ninguno de los acusados presentó declaración ni contó con representación legal durante la audiencia.
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El siniestro ocurrió mientras el MV Barima, una embarcación de 87 años, cruzaba con 179 personas a bordo rumbo al norte del país, en lo que se convirtió en el desastre marítimo más grave registrado en Guyana. Las autoridades informaron que rescataron a 77 pasajeros, aunque uno de ellos murió poco después. El número oficial de víctimas mortales ascendió a 73 y se mantuvo la búsqueda de los desaparecidos.
La magnitud del desastre generó tensiones políticas. Durante una sesión parlamentaria, legisladores de la oposición exigieron la renuncia de los ministros responsables del área de Obras Públicas, Juan Edghill e Indar Persaud, a quienes responsabilizaron por la operación del ferry y las condiciones de seguridad.
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Al mismo tiempo, muchas familiares de las víctimas y sobrevivientes en Guyana reclamaron explicaciones a las autoridades, mientras la indignación creció por la falta de información y las demoras en los operativos de rescate. El ambiente en las comunidades ribereñas se tornó tenso y marcado por la frustración.
Por su parte, el gobierno de Guyana dispuso la creación de una comisión internacional con expertos legales y en navegación para investigar el hundimiento y determinar el alcance de las fallas. Testimonios de sobrevivientes indicaron que el ferry presentaba filtraciones y navegaba con sobrecarga de pasajeros y carga.
Además, la lista oficial de embarcados no coincidió con la cantidad real de personas a bordo, lo que dificultó las tareas de rescate y el conteo de víctimas. El primer ministro Mark Phillips confirmó que dos tripulantes, entre ellos el capitán, dieron positivo por consumo de marihuana tras el accidente. A pesar de estos antecedentes, las autoridades habían certificado la aptitud de la nave y su mantenimiento al día.
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El MV Barima continuaba operativo porque el muelle de Port Kaituma aún se encuentra en construcción y, por ese motivo, la nueva embarcación adquirida recientemente no pudo entrar en servicio. El gobierno había destinado 12,7 millones de dólares para reemplazar el viejo ferry por una nave importada desde la India, pero la demora en las obras obligó a mantener el MV Barima en funcionamiento.
(Con información de AP y Reuters)
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