Banco Nacional de Panamá pide al Ejecutivo frenar ley sobre caducidad de créditos aprobada por diputados

El Banco Nacional de Panamá solicitó formalmente al presidente José Raúl Mulino vetar el proyecto de ley aprobado recientemente por la Asamblea Nacional que modifica las reglas sobre la prescripción de las deudas, una iniciativa que, según la entidad estatal, podría afectar la seguridad jurídica del sistema financiero y comprometer los recursos de los depositantes.

La institución adelantó que su departamento legal ya preparó una opinión técnica y enviará una carta al Ejecutivo pidiendo el veto, al considerar que el proyecto introduce cambios que alterarían la relación contractual entre acreedores y deudores en el país.

La posición fue expresada por el gerente general del Banco Nacional, Javier Carrizo, quien advirtió que la norma podría generar consecuencias directas sobre la estabilidad del sistema bancario y la administración responsable de los fondos depositados por los clientes.

“Se está jugando con la plata de los depositantes. No podemos ser tan alegres en la caducidad de estos préstamos”, afirmó el ejecutivo al referirse al proyecto aprobado por los diputados.

Según explicó, la iniciativa introduce mecanismos que acelerarían la prescripción o caducidad de ciertas obligaciones financieras, lo que para el banco representa un cambio significativo respecto al esquema vigente durante décadas.

Carrizo sostuvo que el sistema crediticio en Panamá se ha sostenido históricamente sobre un marco contractual claro entre el acreedor y el deudor, basado en reglas que establecen plazos, condiciones de pago y procedimientos legales en caso de incumplimiento.

“Tiene que llevar el proceso que se ha llevado por años, por décadas, donde es un tema contractual entre el deudor y el acreedor”, señaló. Desde su perspectiva, intervenir legislativamente para acelerar la prescripción de deudas podría alterar ese equilibrio jurídico, lo que a su juicio debilitaría la confianza en las reglas que rigen el crédito en el país.

El gerente del banco estatal también manifestó preocupación por el impacto que la propuesta podría tener sobre la protección de los recursos administrados por las instituciones financieras, en especial cuando se trata de fondos que pertenecen a los depositantes y que deben ser gestionados bajo criterios de prudencia y seguridad.

“Meter la mano en estos momentos para acelerar la caducidad de los préstamos no tiene ningún sentido y vamos a proteger a los depositantes”, afirmó. Con esa declaración, Carrizo dejó claro que el Banco Nacional considera prioritario preservar la estabilidad del sistema financiero y la confianza de los clientes.

¿Qué dice el proyecto?

De acuerdo con el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, la iniciativa establece un mecanismo para que los bancos y entidades financieras reconozcan de manera administrativa la prescripción de ciertas deudas de sus clientes, sin necesidad de que exista previamente una declaración judicial.

El texto señala que el procedimiento se aplicará a bancos, cooperativas de ahorro y crédito, emisores de tarjetas de crédito y otras entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos, y se fundamenta en el artículo 1652 del Código de Comercio, que establece que algunas acciones derivadas de contratos financieros prescriben en un plazo de tres años.

La propuesta también crea un procedimiento formal para que los clientes soliciten ese reconocimiento directamente a la entidad financiera.

Según el proyecto, el deudor podrá presentar la solicitud a través del Sistema de Atención de Reclamos (SAR) del banco, y la entidad tendrá un plazo máximo de 30 días para emitir una respuesta. La decisión que adopte el banco será vinculante para la institución y deberá notificarse por escrito al cliente.

En caso de que la solicitud sea rechazada, la entidad deberá explicar las razones y el usuario podrá acudir posteriormente a la Superintendencia de Bancos para presentar un reclamo.

El proyecto también establece que si la entidad financiera no responde dentro del plazo establecido, el silencio se interpretará como aceptación de la prescripción de la deuda, lo que obligaría al banco a reconocerla administrativamente.

Además, la norma contempla lineamientos para la notificación a los burós de crédito y mecanismos de supervisión por parte de las autoridades regulatorias, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del procedimiento.

Este cambio es precisamente el que ha generado preocupación en el sector financiero. Las entidades bancarias sostienen que el reconocimiento automático o administrativo de la prescripción podría alterar la forma en que se gestionan los créditos y los procesos de cobro, ya que tradicionalmente la prescripción de una deuda se determina en el marco de un proceso judicial o mediante la defensa legal del deudor ante un tribunal.

Desde esta perspectiva, consideran que trasladar ese reconocimiento al ámbito administrativo podría modificar la dinámica contractual entre acreedor y deudor.