Miedo al golpe, sindicatos en contra y una bandera en el Teatro Nacional, así vivió por dentro la Constituyente guatemalteca su única diputada sobreviviente

Las únicas tres diputadas de la Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala de 1984-1985 libraron sus propias batallas dentro del recinto donde se redactó la Carta Magna vigente: lograron inscribir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero no pudieron flexibilizar el período de maternidad porque los sindicatos, todos liderados por varones, se opusieron.

Catalina Soberanis, una de esas tres diputadas constituyentes, reconstruye desde adentro el proceso que dio origen a la Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada el 31 de mayo de 1985 y vigente desde el 14 de enero de 1986. El texto, dividido en una parte dogmática —artículos 1 al 139—, una parte orgánica —artículos 140 al 262— y una parte procesal —artículos 263 al 281—, nació bajo la presión de un conflicto armado interno que aún no había concluido y con la amenaza latente de un nuevo golpe de Estado.

El punto de partida fue la convocatoria del entonces jefe de Estado de facto, el general Óscar Humberto Mejía Víctores, tras las elecciones del 1 de julio de 1984 para integrar el órgano constituyente. Los 88 diputados electos —entre ellos Soberanis, Eunice Lima y Aida Mejía, las únicas tres mujeres— debían redactar la Constitución, una ley electoral y la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad.

El triple empate que obligó al consenso

El resultado de las elecciones constituyentes configuró lo que Soberanis describe como “una especie de triple empate”: la Democracia Cristiana obtuvo más votos, pero la distribución proporcional de escaños del sistema D’Hondt colocó al Movimiento de Liberación Nacional (MLN) con una cantidad similar de curules. La Unión del Centro Nacional (UCN), partido nuevo surgido de esa convocatoria, completó el triángulo de fuerzas. “Si dos partidos se ponían de acuerdo y un tercero no lo aceptaba, entonces pasaban los contenidos”, recuerda la exconstituyente.

Para preservar ese equilibrio, los tres bloques acordaron una presidencia rotativa de la Asamblea: un mes el MLN, un mes la Democracia Cristiana, un mes la UCN. Ese mecanismo de negociación permanente marcó la textura del texto final. Algunos artículos reflejan el consenso amplio; otros, como la eliminación de la función social de la propiedad, expresan la correlación de fuerzas cuando dos bloques se aliaban contra el tercero.

El trabajo se organizó en tres niveles: subcomisiones temáticas que preparaban textos base, una Comisión de los Treinta con representantes de todos los partidos que los discutía, y el pleno de la Asamblea que los aprobaba. Soberanis integró la subcomisión de estructura y organización del Estado. La meta era entregar la Constitución antes del 31 de mayo de 1985 para que el nuevo gobierno constitucional tomara posesión el 14 de enero de 1986. “Se trabajó un poco bajo presión”, admite.

Las tres mujeres y el artículo cuarto

La parte dogmática de la Constitución —la que concentra los derechos fundamentales— fue el terreno donde las tres diputadas libraron su disputa más persistente. Su objetivo era que el artículo 4 reconociera no solo la igualdad formal entre hombres y mujeres, sino también la igualdad de oportunidades. Esa palabra, “oportunidades”, era la llave para dejar abierta la vía a futuras acciones afirmativas. “Aunque para ese momento no podíamos hablar de paridad o alternancia, logramos dejar ese pequeño espacio”, señala Soberanis.

También impulsaron que la decisión sobre el número y espaciamiento de los hijos correspondiera a la pareja y no en exclusiva al marido, como ocurría en la práctica. La Constitución recogió esa disposición en el artículo que regula la protección de la familia. En cambio, la propuesta de flexibilizar el período prenatal y posnatal chocó con la resistencia de los sindicatos. “Los sindicalistas dijeron que no, que se quedara el período como estaba”, recuerda la exconstituyente. Esa ampliación se obtendría años después, mediante una reforma al Código de Trabajo.

La pena de muerte y el debate sobre la vida

Otro de los debates que marcaron el proceso fue el que enfrentó a quienes querían proteger la vida desde la concepción con quienes impulsaban el reconocimiento del derecho a la planificación familiar. La Constitución terminó garantizando ambos principios: el Estado protege la vida humana desde su concepción —artículo 3— y reconoce el derecho de la pareja a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos.

La pena de muerte quedó en el texto pero con una puerta entreabierta hacia su abolición. La corriente abolicionista no logró los votos suficientes, pero sí consiguió que se suprimiera la facultad presidencial de conmutar la pena capital. Con el tiempo, la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos y el agravamiento de las penas ordinarias —hasta 200 años de prisión— dejaron la pena de muerte en una moratoria de facto. “Está todavía en la Constitución, pero no se aplica en la práctica”, explica Soberanis.

El pánico a la disolución y los consejos de desarrollo

La Asamblea trabajó con la sombra del ejército sobre las deliberaciones. Cuando se discutió el artículo sobre las funciones militares —la seguridad exterior e interior—, varios diputados temían que un rechazo al texto propuesto desencadenara una intervención castrense. “Hubo momentos de pánico que no llegaron a concretarse”, recuerda Soberanis.

El debate sobre los consejos de desarrollo reveló otra tensión. Quienes querían extender la participación hasta el nivel comunitario se enfrentaron a dos argumentos opuestos: unos temían que el ejército penetrara las comunidades con células contrainsurgentes; otros, que la guerrilla instalara allí sus redes. La solución fue limitar los consejos al nivel municipal. Los consejos comunitarios se recuperarían recién tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1996.

La bandera en el Teatro Nacional

El 14 de enero de 1986, cuando la Asamblea se preparaba para trasladarse al Teatro Nacional para la toma de posesión del presidente Vinicio Cerezo Arévalo, los diputados decidieron que fuera Soberanis quien portara la bandera. Dos escoltas de otros partidos la acompañaron. “Para mí fue realmente una cosa muy significativa, simbólicamente muy importante”, recuerda. La Constitución que ella había contribuido a redactar entraba en vigor ese mismo día.

Cuatro décadas después, el debate sobre reformas constitucionales sigue abierto. Tres posturas conviven: derogar los cambios de 1993 para restaurar el texto original, impulsar una reforma parcial centrada en el sistema de justicia y los derechos de los pueblos indígenas, o convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente de carácter plurinacional. Soberanis observa que ninguno de los organismos del Estado muestra interés en activar ese proceso en el período constitucional en curso.