Panamá: detienen a exjefa de cobranzas de la oficina de impuestos por presunto peculado

La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público ordenó la aprehensión de quien se desempeñó como jefa de Cobranzas de la Dirección General de Ingresos (DGI) entre 2020 y 2024, en una investigación por presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado.

La detención se realizó mediante un allanamiento en el sector de Brisas del Golf, en la capital panameña, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.

La funcionaria ocupaba un cargo clave dentro de la estructura de la DGI, entidad responsable de la recaudación tributaria y de la supervisión del cumplimiento fiscal en el país.

Además de la aprehensión de la exfuncionaria, las autoridades ordenaron la incautación provisional de un apartamento de su propiedad ubicado en el área de Bella Vista, cuyo valor asciende a aproximadamente $145,000, según consta en la escritura de compraventa.

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación ha recopilado elementos de convicción dentro de cinco expedientes que vinculan a la exjefa de Cobranzas con un esquema irregular relacionado con el reconocimiento de créditos fiscales por la compra e instalación de equipos fiscales en diversas empresas.

Según la fiscalía, mediante resoluciones presuntamente fraudulentas se habrían creado créditos fiscales ficticios que ocasionaron perjuicios económicos a la DGI.

Las autoridades indicaron que las cuantías asociadas a las cinco carpetillas investigativas superan los $500,000. En las próximas horas se espera que el Ministerio Público solicite audiencias de control de garantías para legalizar la aprehensión, formular cargos y solicitar medidas cautelares en cada una de las causas abiertas.

En Panamá, la legislación tributaria establece que los comercios y empresas deben utilizar equipos fiscales —como cajas registradoras o impresoras fiscales certificadas— para registrar sus ventas y emitir facturas que permitan el control tributario de las transacciones comerciales.

Estos dispositivos deben estar autorizados y enlazados con el sistema de la Dirección General de Ingresos, lo que permite a la administración tributaria monitorear las operaciones de los contribuyentes y verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Como parte de los incentivos establecidos por ley para promover su adopción, las empresas pueden recibir créditos fiscales por la compra e instalación de estos equipos.

En el proceso judicial vinculado a estos hechos hay al menos seis personas imputadas: tres exfuncionarios de la DGI y tres particulares presuntamente relacionados con las operaciones investigadas. La fiscalía sostiene que estas acciones se habrían realizado utilizando resoluciones administrativas con las que se validaban créditos fiscales inexistentes o sin sustento legal.

La captura se suma a otros casos recientes que han involucrado a funcionarios o exfuncionarios de la administración tributaria panameña. En septiembre de 2025, la Fiscalía Anticorrupción ejecutó la llamada “Operación Publicano”, una investigación que incluyó allanamientos simultáneos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos.

Durante esa operación fueron aprehendidas seis personas, entre ellas tres exfuncionarios de la DGI, una funcionaria en ejercicio y dos particulares que, según la investigación, formaban parte de una organización que operaba mediante irregularidades en el sistema digital E-tax, la plataforma utilizada por los contribuyentes para realizar trámites fiscales en línea.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los implicados habrían validado cesiones de créditos fiscales sin cumplir con los requisitos legales, generando pérdidas millonarias para el Estado y beneficios económicos para los involucrados y sus familiares. En los allanamientos también se ubicaron bienes presuntamente vinculados con las actividades investigadas.

Ese mismo caso derivó posteriormente en decisiones judiciales que incluyeron medidas cautelares y condenas. En una audiencia celebrada en el Primer Circuito Judicial de Panamá, la jueza de garantías América Vergara ordenó la detención provisional de tres exfuncionarios de la DGI y una ciudadana imputados por delitos contra el orden económico, incluyendo blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y delitos contra la fe pública.

En esa misma causa, una exfuncionaria fue condenada a 60 meses de prisión, mientras que otro ciudadano recibió una pena de 48 meses de cárcel por los delitos relacionados con el caso. La jueza consideró que la detención era necesaria debido a riesgos procesales, entre ellos la posible afectación de medios de prueba y el peligro para la comunidad, dado que la víctima en estos casos es el propio Estado.

Las investigaciones que dieron origen a ese proceso se iniciaron tras una denuncia anónima presentada en mayo de 2025 sobre presuntas irregularidades en el uso de la plataforma E-tax. Según el expediente, el grupo investigado habría manipulado validaciones de créditos fiscales, generando beneficios indebidos mediante el sistema tributario.

La Dirección General de Ingresos ha sido una de las entidades que ha presentado denuncias ante el Ministerio Público en estos casos, al detectar inconsistencias en el reconocimiento de créditos fiscales y en el uso de herramientas digitales vinculadas al sistema tributario.

En el caso más reciente, que involucra a la exjefa de Cobranzas, la Procuraduría General de la Nación señaló que las diligencias continúan en curso y reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los recursos del Estado.