Casi 300,000 sociedades anónimas suspendidas serán eliminadas del registro oficial en Panamá, como parte de una estrategia oficial para mejorar la reputación internacional del país y fortalecer las medidas contra el blanqueo de capitales. Esta iniciativa, informada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, busca robustecer los controles y dejar atrás la imagen de paraíso fiscal que ha prevalecido en la última década.
La viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, precisó a la agencia EFE que se ha conformado una Mesa de Trabajo Interinstitucional para la Depuración de Personas Jurídicas, donde confluyen el Ministerio, el Registro Público y la Superintendencia de Sujetos no Financieros.
El proceso comenzará el 27 de febrero y se desarrollará en dos etapas: la primera afectará a las personas jurídicas que acumulan más de veinte años de morosidad en el pago de la denominada tasa única —tanto aquellas incurriendo antes como después de 2016—, mientras que la segunda incluye a entidades cuyo estado aparece suspendido oficialmente.
Sáiz subrayó que “el proceso de disolución es algo que está ayudando al país a salir de las listas negras internacionales.” El bloque inicial comprenderá a 180,883 sociedades que ya cuentan con información homologada, lo que agilizará la depuración. También se contemplará la supresión de aquellas sin agente residente designado —es decir, sin representante legal ante las autoridades— durante un plazo superior a 90 días, tras renuncia, remoción o finalización de funciones.
El propósito, según Sáiz, es depurar el Registro Público y la Dirección General de Ingresos. Precisó que “el proceso es agnóstico y neutral a lo que es el tipo de sociedad”, ya que la condición para la eliminación no depende de la naturaleza de la actividad desarrollada, ni de si la entidad es considerada “offshore”. El único criterio es la prolongada inactividad financiera o la carencia de agente residente.
El contexto internacional pesa fuertemente sobre las acciones del gobierno del presidente José Raúl Mulino. Según la información proporcionada a EFE, la administración sostiene que las listas que califican al país como paraíso fiscal resultan discriminatorias y afectan negativamente la economía nacional.
Durante 2023, Panamá logró salir de importantes registros como la lista de blanqueo de capitales del Parlamento Europeo, la de paraísos fiscales de Ecuador y la elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La presión internacional sobre Panamá cobró especial fuerza tras la publicación de los ‘Papeles de Panamá’, la filtración de documentos procedentes del antiguo bufete Mossack Fonseca. Dicha información impactó a diversas figuras globales y vinculó a Panamá con operaciones de blanqueo de capitales, lo que derivó en su inclusión en listas grises y registros de jurisdicciones consideradas fiscales por la comunidad internacional, como recuerda la agencia EFE.
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