
El Ministerio Público de Guatemala informó en conferencia de prensa una serie de avances relevantes en el caso denominado “Corrupción Semilla”, incluyendo sentencias firmes y la cancelación definitiva del partido Movimiento Semilla, como resultado de las investigaciones surgidas por presuntas ilegalidades en el proceso electoral 2023.
Según lo expuesto por funcionarios del Ministerio Público, la decisión de suprimir la existencia legal del partido fue avalada por los máximos tribunales del país y conlleva la prohibición para que la agrupación utilice su nombre y emblema, de acuerdo con la normativa electoral vigente.
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En la comparecencia, la fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, Leonor Morales, detalló que hasta el momento se han dictado siete sentencias condenatorias relacionadas con el caso, todas ellas por aceptación de cargos, lo que demuestra el reconocimiento de culpabilidad por parte de los acusados ante las pruebas presentadas, según citó el medio Ministerio Público.
Además, tres personas recibieron condenas de prisión y otras cinco están siendo investigadas activamente.
La culminación del proceso de disolución del Movimiento Semilla se consolidó con la resolución emitida el 27 de noviembre de 2024, cuyo alcance fue ratificado por los órganos jurisdiccionales superiores. El Tribunal Supremo Electoral desestimó posteriormente todos los recursos presentados contra esta decisión, ratificando la legalidad de la cancelación, que fue publicada oficialmente según lo estipulado por la ley.
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La investigación ha incorporado nuevas pruebas documentales y audios, los cuales fueron sometidos a peritajes técnicos y científicos en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Según Mario Véliz, agente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), este análisis permitió la identificación de cuatro personas involucradas, lo que mantiene abiertas diligencias enfocadas en esclarecer las circunstancias específicas de los hechos y asegurar el respeto al debido proceso y las garantías constitucionales.

La suspensión y cancelación de Movimiento Semilla fue confirmada en todas las instancias judiciales
El proceso inició el 12 de julio de 2023, cuando la FECI solicitó la suspensión de la personalidad jurídica del comité preformación y del partido Movimiento Semilla con base en el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley contra la Delincuencia Organizada.
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Esta medida, autorizada por el órgano jurisdiccional competente, fue impugnada mediante distintas acciones constitucionales, pero las medidas cautelares recibieron confirmación tanto por las salas de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia como por la Corte de Constitucionalidad.
La Corte de Constitucionalidad resolvió además diversos recursos relacionados, reiterando la legalidad de las decisiones adoptadas y descartando la violación de derechos constitucionales, según lo informado en la conferencia por las autoridades del Ministerio Público.
En cuanto a consecuencias prácticas, la pérdida de la personalidad jurídica significa que, conforme a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Movimiento Semilla queda imposibilitado de cualquier actividad bajo ese nombre o emblema durante el periodo que establece la legislación.
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Continúan investigaciones por delitos como lavado, falsas denuncias y la compra del sistema informático electoral
Estuardo Ávila, secretario contra la Corrupción del Ministerio Público, puntualizó que además del caso principal siguen vigentes otras pesquisas y antejuicios por delitos que incluyen uso de documento falsificado con agravante electoral y de forma continuada, fraude procesal, desobediencia, obstrucción a la justicia, lavado de dinero u otros activos, así como irregularidades detectadas en la fiscalización del financiamiento electoral.
Una de las líneas más recientes de la investigación involucra la adjudicación supuestamente irregular del sistema informático utilizado en el proceso electoral 2023, con un valor estimado de 148 millones de quetzales. Actualmente se examinan documentos que podrían probar anomalías en el proceso de adquisición, incluida la presencia de inconsistencias en la importación del equipo necesario para dicho sistema.
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Las autoridades, representadas en la conferencia por el secretario general Ángel Pineda, reiteraron que la actuación del Ministerio Público responde exclusivamente a su mandato constitucional: investigar los hechos denunciados y presentar las pruebas ante el juez competente, reafirmando así su compromiso con la legalidad, la verdad y la justicia en cada etapa de la pesquisa y actuaciones judiciales.
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