La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 19, que establece horarios extendidos en los centros de salud públicos del país, una iniciativa que busca mejorar el acceso a la atención médica, pero que ha generado posiciones encontradas entre el Legislativo y el Ministerio de Salud (MINSA).
Con la votación completada, la decisión final queda ahora en manos del presidente José Raúl Mulino, quien deberá sancionar o rechazar la propuesta.
El proyecto, impulsado por el diputado Betserai Richards, plantea que los centros de salud, subcentros, policentros, instalaciones MINSA CAPSI y otros establecimientos de atención primaria funcionen en horarios definidos por el MINSA, de acuerdo con las necesidades poblacionales, la capacidad instalada, la disponibilidad de personal y los recursos presupuestarios de cada región.
La iniciativa establece que, en cada región de salud, exista al menos una instalación con horario extendido para garantizar el acceso oportuno a los servicios básicos.
Desde la Asamblea, los promotores de la ley sostienen que la propuesta responde a una queja recurrente de la población: la dificultad para conseguir atención médica en las instalaciones públicas, un problema que se agudiza fuera del horario laboral y durante los fines de semana.
En esos períodos, la disponibilidad de centros abiertos disminuye y muchos pacientes terminan recurriendo a hospitales saturados para resolver afecciones que podrían atenderse en el primer nivel.
Richards ha defendido la iniciativa señalando que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud en todo el territorio nacional, incluidas las comarcas.
A su juicio, la ampliación de horarios permitiría descongestionar hospitales, fortalecer la atención primaria y ordenar la prestación de servicios. También ha señalado que el proyecto busca corregir problemas administrativos que afectan el pago oportuno al personal de salud. “Al que trabaja, se le tiene que pagar”, ha insistido el diputado.
El texto aprobado establece que, de lunes a viernes, los centros que operen con horarios extendidos deberán contar con el personal médico, administrativo y de apoyo necesario para su funcionamiento.
En el caso de sábados y domingos, se exige como mínimo la prestación de atención médica básica y sus áreas de soporte, sin perjuicio de que la oferta de servicios se amplíe conforme a la planificación regional.
Reservas a la medida
No obstante, desde el Ejecutivo se han expresado reservas. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, ha pedido un análisis más profundo de la iniciativa y ha advertido que una ampliación generalizada de horarios no es necesariamente eficiente.
Según el MINSA, actualmente existen unas 120 instalaciones que ya operan con horarios extendidos a nivel nacional, bajo un esquema que responde a las necesidades específicas de cada región, distrito y corregimiento.
Boyd ha señalado que mantener abiertos todos los centros de salud sin una planificación adecuada puede derivar en instalaciones subutilizadas y en un uso ineficiente de los recursos públicos.
Además, ha subrayado que cualquier ampliación de horarios debe contar con el respaldo presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya que implica costos adicionales en personal, insumos y operación.
“La iniciativa es buena, pero hay que analizarla y ordenarla”, ha reiterado el ministro.
El debate sobre el Proyecto de Ley 19 se da en un contexto más amplio de reformas al sistema de salud panameño.
Unificación entre entidades
El Gobierno ha planteado como uno de sus objetivos avanzar hacia una mayor integración entre los servicios que presta el MINSA y la Caja de Seguro Social (CSS), dos sistemas que históricamente han operado de manera paralela, con duplicaciones, ineficiencias y barreras de acceso para los pacientes.
Desde el Ejecutivo se ha señalado que la fragmentación entre ambos sistemas dificulta la atención oportuna, limita el uso eficiente de la infraestructura y genera inequidades entre asegurados y no asegurados.
La idea de unificar o integrar los servicios apunta a que los ciudadanos puedan acceder a atención médica en cualquier instalación pública disponible, independientemente de si pertenece al MINSA o a la CSS, especialmente en situaciones de alta demanda o fuera del horario regular.
Funcionarios del sector salud han planteado que una mayor coordinación permitiría optimizar recursos humanos, ampliar la cobertura en horarios críticos y reducir la presión sobre hospitales.
En ese sentido, la discusión sobre horarios extendidos en los centros de salud se conecta con la necesidad de redefinir cómo operan ambos sistemas y cómo se distribuye la atención primaria, un tema que el Gobierno ha identificado como prioritario en su agenda sanitaria.
Más allá del debate institucional, la discusión refleja el malestar de la población con la burocracia del sistema público de salud.
Las quejas por la dificultad para obtener citas, la falta de atención los fines de semana y los largos tiempos de espera son recurrentes y han sido ampliamente documentadas. Para muchos pacientes, la falta de opciones fuera del horario regular se traduce en retrasos en la atención o en la necesidad de recurrir al sector privado.
Con la aprobación legislativa completada, el futuro del Proyecto de Ley 19 depende ahora del criterio del presidente José Raúl Mulino.
La decisión presidencial definirá si la ampliación de horarios se convierte en ley o si el Gobierno opta por ajustes alternativos dentro de su estrategia para reorganizar la atención médica pública en el país.
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