
Una sociedad no se mide solamente por sus indicadores económicos, sus balances o sus niveles de crecimiento. También se mide, y fundamentalmente, por la manera en que recibe, acompaña y reconoce la dignidad de cada persona. Una sociedad verdaderamente desarrollada es aquella que no deja a nadie atrás. No por compasión, sino por convicción democrática.
La discapacidad no es un problema individual ni una responsabilidad exclusiva de las familias. Es una cuestión de derechos humanos, de justicia social y de responsabilidad colectiva. Cuando una persona no consigue una prestación, cuando se interrumpe un tratamiento, cuando una institución no puede sostener sus servicios o cuando las barreras impiden estudiar, trabajar o trasladarse, no estamos frente a dificultades aisladas. Estamos frente a derechos que no están siendo garantizados.
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Por eso, la ley que acabamos de aprobar debe ser entendida como punto de partida, porque su verdadero valor dependerá de lo que suceda a partir de ahora. Su importancia está en poder reconstruir un sistema que fue dañado y requiere de forma urgente de herramientas indispensables.
Para llegar efectivamente a cada persona, en cada localidad, en cada provincia de nuestro país, debe haber capacidad de gestión, presencia territorial, presupuesto y decisión política. Ninguna política pública se implementa por sí sola. No alcanza con establecer prestaciones si después no hay recursos suficientes, si los pagos no llegan a tiempo, si los organismos no tienen capacidad operativa o si las familias deben recorrer oficinas y presentar una y otra vez documentación para acceder a aquello que les corresponde.
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Tampoco podemos desconocer el desgaste acumulado. Detrás de cada expediente hay una persona. Detrás de cada prestación hay una familia que organiza su vida alrededor de un tratamiento, una escuela, un acompañamiento o una institución. Detrás de cada trabajador del sector hay una tarea cotidiana que necesita reconocimiento y condiciones dignas para continuar.

Recuperar derechos también significa reparar la confianza. Y eso requiere escuchar a las personas con discapacidad, a sus familias, a las organizaciones, a los profesionales y a quienes sostienen diariamente los servicios. No se pueden diseñar políticas para ellos sin ellos.
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Hay, además, una cuestión de federalismo que resulta central. El acceso a los derechos no puede depender del código postal. Vivir lejos de una capital provincial o en una localidad pequeña no puede significar tener menos oportunidades de atención, rehabilitación, educación o autonomía. El Estado debe desarrollar herramientas para llegar allí donde las necesidades existen.
Durante el debate señalé una preocupación concreta: la capacidad operativa para implementar el nuevo régimen. Actualmente existen 427 centros de atención para todo el país. ¿Están dadas las condiciones para que puedan responder? ¿Con qué recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios? ¿Cómo se garantizará que los procedimientos administrativos no se conviertan en nuevas barreras para quienes necesitan una respuesta? Estas preguntas no son detalles burocráticos. Son preguntas sobre el ejercicio efectivo de los derechos.
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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos plantea un compromiso que trasciende a cualquier gobierno: reconocer a las personas como sujetos plenos de derechos, con autonomía, capacidad de decisión y participación en la sociedad. No hablamos de concesiones ni de favores. Hablamos de ciudadanía.
Por eso, el desafío comienza ahora: habrá que observar el presupuesto, exigir una implementación efectiva, controlar que las prestaciones se sostengan, que las deudas se regularicen y que los organismos responsables tengan capacidad para cumplir sus obligaciones.
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No alcanza con celebrar una votación unánime si después no somos capaces de garantizar su cumplimiento. La responsabilidad institucional no termina cuando se apagan los micrófonos del recinto.
La ley está aprobada y hay que hacer que se cumpla. Porque la dignidad no admite demoras y los derechos no pueden esperar.
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