
La aplicación de la política exterior de un país suele revelar con mayor claridad sus verdaderas intenciones geopolíticas que cualquier discurso pronunciado en foros internacionales. El Reino Unido ofrece hoy un ejemplo elocuente. Y, el nuevo Canciller, Ed Miliband, encarna como pocos esa circunstancia y sus contradicciones. Porque hay momentos en que la diplomacia deja de medirse por las palabras y comienza a juzgarse por sus conveniencias, deja de expresar principios para convertirse en instrumentos de poder.
Cuando ocupaba la Secretaría de Energía, Ed Miliband defendía con firmeza la necesidad de poner fin a las nuevas licencias de exploración y explotación de hidrocarburos en el Mar del Norte y la revisión de proyectos como Rosebank y Jackdaw, bajo la premisa de que la transformación del modelo energético obliga a dejar de expandir la oferta de hidrocarburos. “Lo hacía en nombre de la transición energética, la lucha contra el cambio climático y de la responsabilidad ambiental.” Sin embargo, ahora llega al Foreign Office y avala el desarrollo del yacimiento petrolero Sea Lion en el Atlántico Sur, en aguas cuya soberanía es objeto de una controversia de soberanía reconocida por Naciones Unidas,
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La contradicción es evidente. Si la explotación de nuevos yacimientos resulta incompatible con los objetivos climáticos británicos y el Acuerdo de París cuando se trata del Mar del Norte, ¿por qué deja de serlo cuando el petróleo se encuentra en las aguas circundantes al territorio colonial de las Islas Malvinas? Existe también otra contradicción más grave. Como Canciller, Miliband tendrá que responder a los reiterados llamamientos de las Naciones Unidas para que la Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones sobre la disputa de soberanía y se abstenga de adoptar medidas unilaterales que alteren la situación mientras el diferendo permanezca sin resolver (resolución 31/49).
Cada avance del proyecto Sea Lion, cada licencia otorgada y cada paso destinado a consolidar la explotación de recursos naturales en un territorio colonial en disputa constituyen, desde la perspectiva de Naciones Unidas, exactamente el tipo de hechos consumados que la comunidad internacional ha procurado evitar durante décadas. No se trata únicamente de una controversia bilateral. Se trata de la credibilidad del sistema internacional. Si un Miembro Permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede desoír las exhortaciones de la ONU de no innovar sin costo político alguno, el mensaje para el resto del mundo es demoledor: las reglas son obligatorias para unos, pero opcionales para quienes concentran mayor poder.
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El Canciller Ed Miliband tiene ahora la oportunidad de demostrar que el Reino Unido cree realmente en los principios que proclama y seguir la dimensión ética que proponía el Canciller laborista Robin Cook. Podría así impulsar una política exterior coherente con el respeto al derecho internacional y con la búsqueda de una solución negociada a una disputa que la propia ONU considera pendiente de resolución. Fue justamente otro laborista, el Primer Ministro Harold Wilson, el que inició el proceso de negociación con Argentina tras la resolución 2065 (XX).
Si, en cambio, Miliband decide mantener el respaldo irrestricto a la explotación petrolera en el Atlántico Sur mientras ignora los llamamientos de las Naciones Unidas, su legado y el del partido laborista quedará marcado por una doble incoherencia: la de quien predicó la transición energética mientras avalaba nuevos desarrollos petroleros según la ubicación geográfica, y la de quien, como Canciller, eligió privilegiar los hechos consumados antes que el diálogo que reclama la comunidad internacional.
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La verdadera autoridad moral de un Estado no se mide por la firmeza de sus discursos, sino por la congruencia entre lo que exige a los demás y aquello que está dispuesto a cumplir. Como habría reconocido Harold Wilson, en su concepción pragmática de la política exterior, la credibilidad internacional depende tanto de los principios proclamados como de la coherencia con que se los aplica.
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