La lección báltica: modernizar el Estado es un problema de confianza, no de software

Durante años, el debate político y técnico en Argentina se ha obsesionado con cómo incorporar tecnología al Estado. Hablamos de digitalización, inteligencia artificial, plataformas y datos, bajo una especie de “espejismo tecnológico” que promete soluciones mágicas a problemas estructurales. Sin embargo, después de recorrer Helsinki y Tallin, la impresión es contundente: seguimos poniendo el foco en la parte más visible del iceberg y dejando de lado lo verdaderamente importante. La verdadera discusión no es tecnológica; es institucional.

Lo primero que me llamó la atención al llegar a Helsinki no fueron los sensores urbanos ni los laboratorios de innovación de última generación, sino algo mucho más simple y revolucionario: la ausencia de fricción. El “silencio de los trámites”. Nadie hacía filas para presentar información que el Estado ya tenía en sus bases de datos; nadie parecía obligado a demostrar una y otra vez quién era, dónde vivía o qué situación registraba ante distintas dependencias públicas.

Este pequeño detalle refleja una diferencia de fondo. Mientras nosotros seguimos organizando nuestra administración pública alrededor de ministerios y secretarías que funcionan como compartimentos estancos y parcelas de poder, ellos construyeron sistemas pensados para cooperar e interoperar.

En Tallin encontré el mejor ejemplo de esta lógica. Durante una reunión sobre la plataforma X-Road —el sistema que permite el intercambio seguro de información entre organismos públicos—, pregunté cuánto tiempo había llevado implementar el sistema. La respuesta fue reveladora: “El sistema técnico tardó tres años; la confianza institucional para que los organismos compartan los datos tardó diez”.

Esa frase resume el corazón de nuestro desafío. La interoperabilidad no es un problema informático de ingenieros o de falta de software; es un problema estrictamente político e institucional. Hace tiempo sostengo que el Estado debe dejar de ser un obstáculo y que no puede pedirle al ciudadano información que ya posee. El principio Once-Only (Solicitud Única), que rige en Estonia, parte justamente de esa premisa: ningún organismo puede solicitar un dato que otra dependencia ya tiene registrado. Parece una definición sencilla, pero su implementación obliga a demoler las “islas burocráticas” y a repensar la organización completa del Estado, sus incentivos y sus mecanismos de coordinación.

Esta misma lógica institucional apareció una y otra vez durante el viaje. La vi en Forum Virium, la agencia de innovación de Helsinki, donde comprendí que la innovación pública no depende de una aplicación de moda, sino de la capacidad del sistema para experimentar, aprender y acumular conocimiento en el tiempo, más allá de los cambios de gobierno. Esta experiencia refuerza una convicción que venimos trabajando para la Provincia de Buenos Aires: la necesidad de avanzar hacia esquemas de ciudades-laboratorio y sandboxes regulatorios (como proponemos en el proyecto ECO-05) que permitan probar soluciones locales en entornos controlados y escalar aquello que funciona, usando la heterogeneidad de nuestros 135 municipios como un activo experimental y no como un problema de coordinación.

El viaje también transformó mi mirada sobre la economía circular. Llegué pensando que se trataba principalmente de una agenda ambientalista y regresé convencida de que es, ante todo, una agenda de política industrial, competitividad y seguridad económica. Lo que observé en agencias parlamentarias como Sitra o en sus parques ecoindustriales muestra que la circularidad consiste en rediseñar los procesos productivos para que el desecho sea una anomalía o se transforme automáticamente en un insumo con valor de mercado. Para una provincia industrial como Buenos Aires, esto representa una oportunidad enorme de generación de empleo y eficiencia productiva.

Finalmente, la dimensión institucional se vuelve crítica al discutir la gobernanza de datos y la inteligencia artificial. Mientras el debate argentino se concentra de forma superficial en las herramientas, en Europa la preocupación central son las reglas. ¿Quién accede a los datos? ¿Con qué finalidad y bajo qué auditoría? Frente a derivaciones preocupantes a nivel nacional como el “Gemelo Digital Social”, desplegado desde una matriz cerrada, centralizada y sin control parlamentario, el paradigma democrático báltico demuestra que la tecnología debe estar al servicio de la confianza pública y no del control opaco. En Estonia, cada ciudadano monitorea en tiempo real qué funcionario consultó sus datos y por qué motivo.

La distancia que nos separa de Finlandia o Estonia no radica en la calidad de nuestros desarrolladores ni en el presupuesto para comprar servidores. Radica en la capacidad colectiva de construir instituciones transparentes que generen confianza y sostengan transformaciones durante décadas.

Por eso, la agenda de modernización que necesita la Provincia de Buenos Aires no puede reducirse a una mera capa de pintura digital sobre las estructuras de siempre. Digitalizar burocracias ineficientes solo produce burocracias digitales igualmente ineficientes. Necesitamos discutir interoperabilidad obligatoria, simplificación administrativa, sandboxes urbanos y gobernanza democrática de los datos. Queremos instituciones modernas que usen la tecnología y se beneficien estratégicamente de la inteligencia artificial, pero para potenciar el factor humano, no para reemplazarlo con una estructura fría y automatizada.

No se trata de copiar modelos de forma acrítica, sino de recordar una lección fundamental: la tecnología es una herramienta extraordinaria para acelerar los procesos, pero el corazón del Estado deben ser siempre las personas.