Todo gobierno inicia su mandato con una legitimidad de origen, aquella que le otorgan las urnas. Sin embargo, es vital que ese respaldo inicial se lleve al ejercicio; es decir, la capacidad de conducir el aparato estatal con eficacia, generando resultados tangibles y fortaleciendo la confianza ciudadana. Este proceso de afianzamiento institucional constituye el principal desafío que asumirá la presidenta electa a partir del 28 de julio.
El contexto actual representa un punto de partida propicio para emprender reformas constructivas y canalizar positivamente las expectativas de la ciudadanía. De acuerdo con el Informe Técnico de Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la desconfianza de la población en los principales entes gubernamentales del país presenta retos significativos; por ejemplo, los partidos políticos registran un índice de 94.6%, mientras que en el Congreso de la República esta cifra se sitúa en un 93.4% .
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Ante este panorama, el principal objetivo de la nueva gestión pública debe centrarse en consolidar la credibilidad del Estado a través de una administración transparente, técnicamente sólida y firmemente orientada al servicio del ciudadano.
Concluida la contienda electoral, es fundamental resolver aquellos desafíos en la convivencia que están reteniendo todo el inmenso potencial de los peruanos, por lo que urge comenzar a tender puentes de colaboración entre los diversos partidos, los gobiernos regionales y locales, el sector privado, la academia y la sociedad civil. En un país diverso como el Perú, la búsqueda de consensos debe entenderse como la herramienta democrática por excelencia, indispensable para viabilizar políticas de Estado sostenibles en el tiempo y garantizar un clima de estabilidad social.
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En este propósito de unidad nacional, la composición de cuadros ministeriales que combinen alta capacidad de gestión, apertura ideológica e integridad probada representa una gran oportunidad para enviar una señal de predictibilidad y confianza. El país se verá ampliamente beneficiado al contar con equipos de liderazgo con este perfil.
Asimismo, el inicio de este periodo gubernamental coincidirá con la implementación del Congreso Bicameral. Esta reforma del Poder Legislativo configura una oportunidad para elevar el nivel del debate parlamentario. El éxito de la nueva estructura residirá en su capacidad para legislar con sentido de urgencia en favor de las demandas prioritarias de la población, tales como el crecimiento del empleo formal, el impulso a la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana1.
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En el plano global, el Perú tiene la posibilidad de proyectarse como una nación altamente atractiva para las inversiones, predecible y plenamente integrada al mundo. Organismos multilaterales, entre ellos el Banco Mundial, coinciden en que la estabilidad y la inversión continua en capital humano e infraestructura son las mejores vías para generar desarrollo .
“Nuestra privilegiada posición geopolítica, potenciada por obras emblemáticas como el Megapuerto de Chancay y la modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, nos consolida como el gran centro logístico de la cuenca del Pacífico, abriendo la puerta a nuevas oportunidades de empleo formal.”
Este camino de crecimiento y desarrollo sostenible requiere del concurso activo de todos los sectores del país. El Estado, la empresa privada y la academia están llamados a conformar una triple hélice de innovación. Sin embargo, aunque el liderazgo corresponde a los gobiernos de turno, la vigilancia cívica y la educación democrática constante pertenecen a la sociedad.
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Las instituciones no estatales, los gremios privados, las universidades, deben ser impulsadas como centros reales de implementación tecnológica, además de que son matrices de formación de recursos humanos con competencias pertinentes para la velocidad de cambios y la constante incertidumbre global. Es decir, la educación es un eje estratégico ineludible que debe ser priorizado desde el primer día.
El inicio de este periodo gubernamental abre una ventana para consolidar la madurez democrática y la reactivación económica del país. Con una visión compartida, un sólido rigor técnico y un firme compromiso con el diálogo, es perfectamente posible construir ese Perú próspero e integrado que todos los peruanos merecen.
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