
La Argentina atraviesa un proceso de corrección económica de enorme magnitud. El programa de estabilización impulsado por el gobierno de Javier Milei parte de un diagnóstico claro: una economía con desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios acumulados durante años no puede sostenerse. El ajuste, en ese contexto, no es una opción ideológica, sino una condición necesaria.
La discusión relevante empieza en otro punto: si ese orden puede construirse sin deteriorar las bases productivas que deben sostenerlo. Porque mientras algunas variables macroeconómicas comenzaron a corregirse, la economía real —la que produce, emplea e invierte— sigue bajo presión.
Los datos son consistentes con ese diagnóstico. Según el Indec, la economía argentina creció 4,4% en 2025, lo que podría leerse como una señal de recuperación. Pero ese número agrega realidades muy distintas: la intermediación financiera creció un 17,2% interanual y la agricultura un 16,1%, mientras que la industria manufacturera apenas avanzó un 0,8% —sin recuperar las pérdidas del año anterior— y el comercio, un 3,8%. La capacidad instalada en el sector industrial cerró agosto de 2025 por debajo del 60%. Y el consumo masivo registró una caída interanual del 3,4% en febrero de 2026, con las familias acumulando deudas para sostener el gasto básico. No se trata de un reacomodamiento estadístico: es una contracción que impacta directamente en el funcionamiento del sistema productivo.
Ese deterioro no es neutral. Se traduce en empresas que reducen turnos, suspenden personal o postergan inversiones. Y en una red más amplia —proveedores, logística, servicios— que sigue tensionada. Es un proceso menos visible que los indicadores macro, pero mucho más determinante en términos estructurales.
Parte de este ajuste era inevitable. Una economía que acumuló distorsiones durante años requiere correcciones que implican costos en el corto plazo. También es cierto que algunos modelos de negocio dependían de precios relativos artificiales o de esquemas insostenibles. Hay quienes argumentan, desde el propio Gobierno, que buena parte de la capacidad productiva que se perdió era artificial: sostenida por subsidios, tipos de cambio distorsionados y regulaciones que impedían una asignación eficiente de recursos.
Es un argumento que merece ser tomado en serio. El problema aparece cuando el proceso empieza a afectar unidades productivas que, en un contexto macroeconómico estabilizado, serían viables. Ahí la corrección deja de ser una depuración y pasa a implicar pérdida de capacidades.Porque la economía no funciona como una suma de partes aisladas, sino como una red.
Cuando una empresa se detiene, no solo cae un indicador: se resienten proveedores, servicios y empleo indirecto. Cuando el consumo se contrae de manera sostenida, no solo bajan las ventas: se debilita toda la cadena que depende de ese flujo. Y esas redes no se reconstruyen automáticamente.
No es la primera vez que ocurre. Procesos de ajuste en Argentina —como el de 2002, que siguió al default y la devaluación, o el de 2018, desencadenado por la crisis cambiaria— mostraron que estabilizar sin preservar capacidades productivas puede derivar en recuperaciones más lentas y frágiles, con sectores que tardan años en volver a operar a plena capacidad o que directamente no vuelven.
La calidad del ajuste
La idea de que el mercado recompone rápidamente lo que se destruye es consistente en modelos teóricos. En la práctica, los procesos son asimétricos: destruir es rápido; reconstruir es lento, costoso y muchas veces incompleto. En ese contexto, la calidad del ajuste se vuelve central.
No se trata de evitar la corrección ni de sostener estructuras ineficientes. Se trata de distinguir entre la eliminación de distorsiones y la pérdida de capacidades productivas difíciles de reemplazar. Esa distinción define el resultado. Un programa puede ordenar las cuentas públicas y, al mismo tiempo, debilitar la base productiva que necesita para sostener ese orden. Puede reducir la inflación y, en paralelo, erosionar el entramado empresarial que genera inversión y empleo.
Ahí aparece el riesgo real. Porque una economía ordenada en lo macro pero debilitada en lo productivo no es estable: es vulnerable. Y la vulnerabilidad, tarde o temprano, vuelve a traducirse en nuevos desequilibrios. El crecimiento del 4,4% en 2025 es una señal alentadora, pero su composición —concentrada en finanzas y agro, con industria y consumo rezagados— advierte que la recuperación todavía no llegó a la economía que trabaja y produce para el mercado interno.
Por eso, la discusión no es si hay que ajustar. Es cómo hacerlo. Cómo corregir sin desarticular. Cómo estabilizar sin erosionar. Cómo ordenar sin vaciar. Porque al final, el verdadero test de un programa económico no es la velocidad del ajuste. Es si, cuando termina, todavía queda una economía capaz de crecer.
El auto es economista, inversor y autor de Principios del Poder, una obra que analiza cómo el comportamiento humano y las decisiones influyen en la economía y la política
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