Sin ética exigible, no hay Justicia confiable

Cada vez que se habla de ética judicial aparece un reflejo incómodo: para algunos, es un tema “secundario”, casi decorativo, reservado a seminarios o discusiones corporativas. Pero la ética judicial no es un adorno. Es una condición mínima para que la Justicia sea creíble. Y cuando esa condición falta, el costo lo paga la sociedad entera.

Argentina convive hace años con una distorsión peligrosa: la idea de que los jueces pueden quedar al margen de reglas éticas específicas, claras y exigibles, como si la autonomía del Poder Judicial se confundiera con una licencia para moverse en zonas grises. Ese error no solo deteriora la confianza: rompe el vínculo entre la ciudadanía, la abogacía y el sistema judicial. Porque cuando el Poder Judicial pierde legitimidad, lo que se resiente no es una institución abstracta: se resiente la posibilidad real de ejercer derechos.

El problema es concreto. Hoy el país necesita un marco ético judicial con autoridad normativa y exigibilidad efectiva. Cuando ese marco falta, se abren espacios de ambigüedad: criterios cambiantes, respuestas tardías, tolerancias selectivas y una sensación de impunidad que se instala con facilidad. En ese terreno, la ética se vuelve optativa y la exigencia, discrecional. Y nada destruye más rápido la credibilidad que la discrecionalidad.

En el Consejo de la Magistratura se viene trabajando para que la ética judicial deje de ser una consigna y se convierta en un compromiso verificable. Se han presentado dos proyectos, uno que elaboramos con la abogacía organizada y otro desde la representación de la magistratura. Los dos orientados a fijar pautas de conducta para quienes tienen en sus manos decisiones que afectan derechos y libertades.

Luego de un proceso de trabajo que se extendió a lo largo de más de un año y medio, en el que se convocó abiertamente a todos los sectores con interés legítimo en la materia, como los colegios de abogados, la asociación de magistrados, los gremios judiciales, la academia, las Cortes provinciales, el CONICET y expertos de la talla del Dr. Rodolfo Luis Vigo, quien redactó, junto al catedrático español Manuel Atienza, el propio Código Iberoamericano de Ética Judicial, se arribó a la redacción de un proyecto unificado.

El código organiza con claridad los principios que deben regir la conducta judicial: independencia, imparcialidad, dignidad y transparencia, honestidad, responsabilidad institucional, cordialidad, eficiencia y valores republicanos. Pero va más allá de la enunciación de valores: fija reglas de conducta concretas.

En materia de honestidad y decoro, establece que los magistrados y funcionarios no pueden recibir regalos, presentes, donaciones ni beneficios por parte de litigantes o defensores —ni antes, durante, ni después del proceso—, y que esa prohibición se extiende al cónyuge, conviviente y descendientes. Fija además el deber de actuar con prudencia y moderación tanto en la vida pública como en la vida privada con trascendencia pública, y de guardar cautela respecto de situaciones que generen sospechas sobre la independencia o la imparcialidad.

Incorpora reglas sobre ética digital: uso de herramientas tecnológicas con integridad y responsabilidad, protección de datos personales de los justiciables, transparencia en la adopción de tecnologías y prevención de conflictos de interés en entornos digitales.

Pero el proyecto unificado no se agota en el código propio: propone también que el Plenario adhiera formalmente al Código Iberoamericano de Ética Judicial —adoptado en la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana de 2006 y actualizado en 2014— y que adopte los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, conforme a la Resolución 2006/23 del Consejo Económico y Social de la ONU. Es decir, el marco que proponemos no es solo nacional: es la articulación del código propio del Poder Judicial de la Nación con los estándares internacionales que Argentina hace tiempo debería haber incorporado.

Ese camino, sin embargo, todavía requiere tratamiento y definiciones internas para transformarse en una herramienta real.

Basta leer los diarios para darse cuenta de que, cuando las incompatibilidades no están definidas con precisión, la salida suele ser improvisada. Así, lo que debería resolverse con normas generales, previsibles y transparentes se transforma en una sucesión de excepciones y parches, con un daño institucional ya consumado.

Por eso es urgente avanzar hacia un instrumento con estándares verificables, procedimientos definidos y mecanismos de control con efecto real. Un marco serio debe sostener la independencia judicial, pero también reforzar sus obligaciones correlativas: autocontrol institucional, integridad, rendición de cuentas y respeto estricto por los límites del rol jurisdiccional.

La independencia protege al juez frente a presiones externas, pero no lo exime de reglas. Al contrario: le exige límites más estrictos, precisamente porque la decisión judicial puede afectar la libertad, el patrimonio y la vida de las personas.

Defender un marco ético robusto no es atacar a la Justicia. Es protegerla de sus zonas oscuras, impedir que conductas indebidas de unos pocos deterioren la imagen de muchos y asegurar que el servicio de justicia esté a la altura de lo que la Constitución y la sociedad demandan.

Si la Argentina quiere volver a confiar en su Justicia, el primer paso no es grandilocuente. Es básico: sin ética exigible, no hay Justicia confiable.