Gritar entre sordos

En la primavera de 2024 tuve la oportunidad de advertir a distintos integrantes del Poder Ejecutivo de la Nación sobre la inminencia de un verano patagónico seco, con altas temperaturas y vientos que traerían como consecuencia grandes e incontrolables incendios si no se tomaban medidas preventivas. Poco y casi nada se hizo al respecto y fue así como el fuego consumió millares de hectáreas de bosque nativo. La única respuesta de parte del gobierno nacional fue otorgar subsidios y declarar la emergencia económica y financiera a una parte de los damnificados, aquellos que perdieron sus bienes materiales. De poco sirve.

Llegó el siguiente verano y la historia volvió a repetirse como un karma que azota la región sudoeste de la Argentina. Mismos parques nacionales afectados, zonas irónicamente llamadas “protegidas” y pequeños poblados que solo son titulares de los diarios cuando la noticia es un estrago ecológico.

Los medios nacionales envían corresponsales al lugar. Entrevistan a pobladores que perdieron todo, emiten imágenes de bosques quemados, se reúnen con funcionarios que repiten las mismas explicaciones y justificaciones que venimos escuchando desde hace décadas. Luego, una ola de mar en un balneario bonaerense se cobra una vida y los incendios dejan de ser tema de los noticiarios.

Es bien sabido que los incendios forestales, una vez que alcanzan determinadas dimensiones, solo se apagarán si el clima y la misma naturaleza se ponen de acuerdo. De lo contrario, por muchos bomberos voluntarios, brigadistas, medios aéreos o terrestres con que se cuente, lo único que se logrará será contenerlos.

Entonces, ¿cuál es la propuesta? Varias. La primera es desarrollar la prevención. Esta temporada estival, INVAP ha puesto a disposición de las autoridades un avión especialmente equipado para detectar variaciones de humedad, temperatura, vientos y presencia de humo. Algo necesario pero no suficiente. Argentina cuenta con satélites y drones para identificar los mismos fenómenos. La Inteligencia Artificial puede predecir hacia dónde y en qué lapso el fuego se va a expandir. En ese momento se suma la segunda etapa de la prevención, que consiste en enviar a la zona medios terrestres y aéreos para enfriar el lugar.

La segunda tarea es mejorar los medios de lucha contra el fuego. En estos días vimos qué importancia reviste tener aviones de gran porte como el Boeing 737 propiedad del gobierno de Santiago del Estero. De no contar con el mismo, la lucha aérea se habría limitado a un reducido grupo de avionetas y helicópteros que transportan menos de mil litros de agua. La Armada Argentina posee una flotilla de S2E Tracker que permanecen inactivos. Con baja inversión se los puede adaptar para que transporte cada uno más de 5.000 litros. De esta manera se quintuplicaría la capacidad de ataque.

Países como Estados Unidos, Canadá, Francia e Italia recurren a la suscripción de seguros contra el fuego. En caso de comenzar un incendio forestal, son empresas privadas las que asumen las tareas de combate. Hay muchas de estas compañías esparcidas por el mundo y todas ellas en condiciones de estar en el lugar de los hechos en menos de 24 horas.

La tercera tarea es modificar la ley de Administración de Parques Nacionales. Es necesario permitir el pernocte en los parques nacionales de helicópteros destinados a responder ante catástrofes. Eso evitaría desperdiciar horas valiosas. Por ejemplo, en Villa Mascardi, donde se encuentran las ruinas del hotel de Gas del Estado, se puede establecer un destacamento de bomberos con helipuerto a metros del lago. También debería evaluarse otorgarles poder de policía a los guarda parques, equipararlos con las Fuerzas de Seguridad.

Mientras tanto, el P.E.N. desfinancia al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En el presupuesto 2026 se le redujo el 53 % con relación al anterior ejercicio. Lo más grave es que son poco más de trece millones de dólares (no alcanza para comprar un avión hidrante). Evidentemente, para el gobierno, la conservación de nuestro patrimonio no es política de Estado.

La cuarta tarea es la persecución y condena a los autores de estos desastres que denominamos ecocidio: daños irreversibles que afectan ecosistemas, tanto flora, fauna como bienes culturales.

Las especulaciones y la repetición hasta el hartazgo de teorías conspirativas se suceden: algunos les atribuyen los incendios a mapuches, otros a soldados israelíes que siguen un plan para apropiarse de la Patagonia (a estos les sugiero que lean El cementerio de Praga, donde Umberto Eco explica cómo y por qué se inventó ese relato). Hay un principio filosófico, La Navaja de Ockham, a través del cual se sostiene que, ante varias explicaciones para un mismo fenómeno, la simple es habitualmente la correcta. Por ello, para buscar el origen de los incendios me inclino por encontrarlo en la estupidez humana en sus distintas variantes. Un fuego para cocinar hecho en lugar prohibido, una disputa familiar o entre vecinos, un vidrio que aumenta el calor solar. Lo que está claro es que en el 90% de los incendios forestales el hombre con dolo, culpa o negligencia ha sido el responsable.

Nuestro Código Penal es vetusto, tiene más de cien años y no contempla este tipo de delitos. Por ese motivo he presentado ante la Cámara de Diputados un proyecto destinado a modificar el artículo 186. A través del mismo propongo que el autor material o intelectual que causare mediante incendio o contaminación daños a bosques nativos, áreas protegidas, parques nacionales, o cualquier otro lugar declarado de interés cultural o ambiental sea reprimido con prisión de hasta 15 años.

La encíclica Laudato Si (2015) del Papa Francisco nos convoca al cuidado de “nuestra casa común o herencia común de los pueblos”. Debemos velar por la reducción de contaminaciones, el cuidado del agua, la energía y de la biodiversidad. La crisis ecológica es una manifestación de la crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad. La voluntad y la libertad exigen responsabilidad. Aquellos que no lo entiendan deberán responder por ello.